El PE retrasa a julio la votación de las nuevas multas por déficit excesivo
El Parlamento Europeo ha decidido retrasar hasta julio, en lugar del 23 de junio como estaba inicialmente previsto, la votación del nuevo sistema de sanciones para los países con déficit y desequilibrios excesivos para dar más tiempo a resolver las diferencias con los Gobiernos de los 27.
El principal punto de desacuerdo es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) exige que las multas sean más automáticas, mientras que los Veintisiete desean conservar un mayor margen de maniobra político antes de lanzar los procesos sancionadores.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha lanzado este martes un llamamiento a Eurocámara y Gobiernos para que "superen sus diferencias" y cierren un acuerdo final antes del verano. "La adopción del paquete de gobernanza es uno de los pilares centrales de nuestra respuesta global a la crisis", ha dicho.
"Es particularmente grave para el Parlamento que Francia y Alemania, los dos países que debilitaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hayan unido fuerzas para oponerse a la medida que haría más para prevenir este tipo de actuaciones en el futuro", ha apuntado la presidenta de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Sharon Bowles.
Si no hay acuerdo entre la Eurocámara y los Ventisiete antes de julio, la aprobación se retrasará varios meses hasta que haya un pacto en segunda lectura. Ello supondría incumplir el compromiso asumido por los líderes europeos de resolver esta cuestión antes del verano.
Los ministros de Economía de los 27 ya alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 15 de marzo sobre multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España ascenderían a 2.000 millones de euros, para los países con déficit y desequilibrios excesivos.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) ha denunciado que el nuevo modelo es insuficiente para prevenir futuras crisis de deuda y ha reclamado a la Eurocámara, colegislador en la materia, que lo endurezca. Las sanciones no son casi automáticas como defendía la Comisión, se da más tiempo a los países incumplidores para corregirse y más peso a las decisiones políticas del Ecofin, que en el pasado ha aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
Tras varias semanas de negociaciones, el principal punto de desacuerdo entre los Gobiernos y la Eurocámara se encuentra en que los parlamentarios quieren extender el uso del mecanismo del voto por mayoría inversa incluso a la parte preventiva del Pacto de Estabilidad.
De este modo, las sanciones serían casi automáticas, como quiere el BCE, ya que cualquier propuesta presentada por Bruselas se consideraría adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. El objetivo es reforzar la independencia de la Comisión y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía durante el proceso sancionador.
Pero la mayoría de Estados miembros considera inaceptable aumentar el uso del voto por mayoría inversa.
Tampoco hay acuerdo sobre quién debe definir los indicadores y umbrales que se utilizarán para castigar a los países con desequilibrios excesivos, como burbujas inmobiliarias. El Parlamento exige más poder en esta materia.
Los Gobiernos han aceptado la petición de la Eurocámara de que se creen nuevas sanciones para los países que manipulen sus estadísticas, como hizo Grecia.
En cambio, han diluido la pretensión del Parlamento Europeo de poder obligar a comparecer a cualquier ministro de Economía de la UE inmerso en un proceso sancionador. Finalmente, la Eurocámara no podrá forzar a los ministros.