Trabajo quiere implicar más a las comunidades en la lucha contra el fraude
El Ministerio de Trabajo quiere poner orden en las labores de la inspección laboral, ante la adopción de competencias en esta materia de varias comunidades autónomas. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el proyecto de ley para la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la remitió a las Cortes. El Gobierno espera dotar a la inspección de una organización "más adecuada" al actual escenario competencial que permita una mejor cooperación entre las Administraciones general y autonómica.
Para ello, el anteproyecto crea una conferencia sectorial donde se reforzará la cooperación multilateral entre el Estado y las regiones; así como las relaciones bilaterales. Y se creará otro órgano denominado Autoridad General, que permitirá integrar a las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones respecto a las decisiones de actuación de la Inspección de Trabajo. El departamento que dirige Valeriano Gómez confía que esta nueva norma redunde en la mejora de la lucha contra el fraude, aunque no concreta indicadores de evaluación.
Además, la nueva ley pretende aumentar la "potencialidad" del sistema de inspección, incrementando las facultades de su personal para conseguir una mayor capacidad en la lucha contra el fraude (especialmente en materia de contratación y trabajo de menores).
Y, por otro lado, crea una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud que permitirá incrementar las actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
El régimen jurídico del personal inspector que recoge el texto legal es común (carácter nacional de los cuerpos de inspección, ingreso, y selección únicos y movilidad entre las Administraciones). Y garantiza el "principio de unidad de función y actuación" que permitirá a los inspectores y subinspectores adoptar medidas en todas las materias socio-laborales, ya sean de competencia estatal o autonómica; y con independencia de que el funcionario esté adscrito a una u otra Administración.