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El PP sugiere recortar el número de organismos reguladores

El PP tiene intención de recortar el número de organismos reguladores si llega al poder tras las próximas elecciones generales porque considera que el "elevado coste" de estas entidades no es adecuado en estos tiempos de crisis y, además, critica que el Gobierno se esté dedicando a crear nuevas comisiones que redundan en un incremento del gasto. La denuncia sobre la constitución de nuevos organismos la lanzó en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se refirió, en concreto, a los recién creados: la Comisión Nacional del Juego o el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). "¿Son necesarios tantísimos organismos reguladores? ¿Para qué quedan los ministerios entonces?", se preguntó Sáenz de Santamaría, quien remarcó que las funciones del CEMA podría asumirlas perfectamente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

La dirigente popular afeó la actitud del Gobierno en la renovación de los consejos, ya que el sistema elegido confirma que "no cree en la independencia de los reguladores", lo cual conduce a un "deterioro institucional inadmisible". En este sentido, aseguró que decisiones como poner al exsecretario de Estado de Telecomunicaciones Bernardo León al frente de la CMT, o la posibilidad de que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, pase a presidir la Comisión Nacional de la Energía (CNE) muestra que "como ya ven perdidas las elecciones, los socialistas se están colocando a cuenta de los organismos reguladores".

Sáenz de Santamaría, principal negociadora con el Gobierno en estas cuestiones, recalcó que ha trasladado al Ejecutivo su rechazo a este tipo decisiones, que pueden suscitar incluso problemas de funcionamiento en los reguladores por incompatibilidades de sus órganos, informa Europa Press.

Gran pacto nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Esperanza Aguirre, dijo ayer que "ha llegado el momento" de hacer un "gran pacto nacional" para aclarar competencias entre administraciones y evitar duplicaciones así como para resolver la financiación de los servicios.