La CNE reclama al Gobierno los poderes que le otorga la UE
El regulador energético pide que la reforma de la Ley Eléctrica, para adaptar la nueva directiva europea de la electricidad, no le quite poderes en la elaboración de la metodología para calcular las tarifas y poder seguir resolviendo los conflictos de enganche a las redes, que pasa a Industria.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) celebró el viernes un consejo extraordinario para dictaminar los dos anteproyectos que reforman la Ley Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos para transponerlas a las nuevas directivas europeas de la electricidad y del gas. Aunque no es habitual que el regulador elabore informes sobre leyes (sí dictamina reales decretos y órdenes ministeriales), el Gobierno se lo ha pedido para evitar que el Consejo de Estado se lo reclame después (como ha ocurrido recientemente), y se quede sin tiempo material para tramitar los dos citados anteproyectos.
En lo que respecta a la Ley Eléctrica, la comisión reclama las competencias que la directiva otorga a los reguladores y que el anteproyecto de ley le hurta. Así, una de sus potestades es la de elaborar la metodología de las tarifas de acceso a las redes o peajes. En este punto, el Gobierno entiende solo la retribución de la distribución y el transporte, y para la CNE incluye la metodología para retribuir todos los costes de los peajes.
Por otra parte, la directiva atribuye al regulador energético la potestad de "promulgar decisiones vinculantes para las empresas eléctricas". Estas decisiones deben ser calificadas de "instrucciones", según la CNE, y no de "circulares", como señala el anteproyecto.
Otro punto conflictivo se refiere a la regulación del acceso a las redes por parte de las productoras de energía, que es la base de la liberalización. En estos momentos, la CNE es la que media y resuelve los conflictos de conexión a la red de transporte primario, potestad que quedará en manos de Industria, según la reforma propuesta. Esta atribución al ministerio vulnera el artículo 37 de la directiva, que atribuye la resolución de estos conflictos a la autoridad reguladora, según el informe.
La CNE quiere que las comercializadoras desglosen en sus facturas el coste de la energía y la comercialización; los pagos por capacidad (subvenciones que reciben las eléctricas); el coste de los peajes de acceso a las redes y los impuestos de la electricidad y los autonómicos, en su caso.
Segregación de REE
La CNE se opone a que las dos actividades de REE (el transporte y la operación del sistema) se separen en dos filiales, tal como dice la norma. El regulador recuerda que la directiva no obliga a la separación jurídica de la operación del sistema y la gestión del transporte, aunque tampoco se opone a ella.
En este sentido, la CNE considera que las ventajas de cambiar el actual modelo de REE (estas actividades funcionan por separado) no están claras. Por contra, cualquier modificación resultaría más cara (la operación del sistema es deficitaria) y debería ser sometida a debate.
La financiación del bono social del butano, vía Presupuestos
El dictamen de la CNE del anteproyecto que reforma la Ley de Hidrocarburos tiene algún punto en común con el eléctrico: se pide que la metodología para establecer los peajes de la redes "debe ser integral" y recoger todos los costes de acceso.En cuanto al bono social que se prevé para las bombonas de GLP (butano, esencialmente), no debe ser financiado por el resto de los consumidores, sino vía Presupuestos. Se recomienda que el Gobierno fije un precio máximo.