Anticorrupción pide que se investigue al grupo por presunta estafa

Hacienda denunció presuntos delitos de Nueva Rumasa en marzo de 2010

En marzo de 2010 la Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos cometidos contra Hacienda a Nueva Rumasa, entre ellos el de blanqueo de dinero. Anticorrupción solicitó ayer a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada por inversores contra el grupo de Ruiz-Mateos por presunta estafa.

Ruiz-Mateos culpa a RBS de provocar la situación preconcursal de su grupo
Ruiz-Mateos culpa a RBS de provocar la situación preconcursal de su grupo

La Agencia Tributaria presentó el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra "un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa" y sus administradores "en relación con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales".

Según consta en el informe enviado ayer por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso este diario, la Agencia Tributaria caracteriza a las empresas que forman parte del entramado societario de la familia Ruiz-Mateos "por su total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes u otros territorios de riesgo -27 sociedades en Belice, dos de Panamá y cuatro de Holanda- cuyo representante suele ser uno de los que considera sus testaferros habituales".

La Agencia Tributaria entiende que las sociedades que dependen de Ruiz-Mateos "podría alcanzar un mínimo de 147 empresas que funcionan conforme a un principio de caja única y actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".

La Fiscalía Anticorrupción emitió ayer un informe a la Audiencia Nacional en el que solicita que admita a trámite la querella presentada por 60 inversores contra Nueva Rumasa por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores.

La presentación, a principios del mes pasado, de la querella por parte de más de 60 inversores particulares obliga a Anticorrupción a cesar el expediente de investigación realizado a partir de la denuncia de la Agencia Tributaria de marzo de 2010, y remitirlo a la Audiencia Nacional para continuar con las pesquisas bajo la batuta del juez.

Los fiscales Juan Pavía y Alejandro Luzón emitieron ayer informe favorable a la apertura del proceso penal, enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, quien tendrá ahora que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella. Fuentes jurídicas consultadas estiman que este mismo mes debería conocerse la admisión o no a trámite de dicha querella.

La Fiscalía Anticorrupción explica que con los datos disponibles hasta diciembre de 2009 se han identificado 1.017 inversores en pagarés emitidos por sociedades de Ruiz-Mateos por un total de 90,4 millones. "Los denunciantes afirman no haber recibido cantidad alguna más allá del primer pago de los intereses", señala el informe de Anticorrupción. "Según información a disposición de esta Fiscalía existen incluso pagarés que vencerán en 2014", añade.

La agencia Europa Press, señaló que según fuentes fiscales se descarta la apertura de una investigación general sobre el entramado societario que tiene el grupo tal y como se hizo en los años ochenta y que derivó en la expropiación de Rumasa por el Gobierno el 23 de febrero de 1983.

La cifra

27 sociedades del grupo Nueva Rumasa son residentes en el paraíso fiscal de Belice. Otras dos se encuentran en Panamá y cuatro más en Holanda.

La oferta de pagarés siguió en enero de 2011

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción asegura que la venta de pagarés continuó incluso en enero de 2011, cuando ya había estallado la crisis en el grupo. Siempre según el texto, la entidad Rumanova "ofreció nuevos pagarés con vencimiento a 1 o 2 años e interés del 10 o 12%".

Se desconoce a cuantas personas se ofreció esta nueva emisión pero "al menos 53 recibieron la oferta mediante un correo electrónico", de ellas 13 realizaron desembolsos por importes de entre 50.000 euros y 1,35 millones de euros, que "una vez ingresados en la cuenta designada, fueron transferidos a una cuenta corriente del Banco Etcheverría a nombre de la sociedad Bardajera", una pyme con domicilio fiscal en Madrid y gestionada por Zoilo Pazos Jiménez, uno de los investigados por la Audiencia.

La fiscalía asegura desconocer también si hubo otros inversores, ya que a tenor de las declaraciones de uno de ellos, que afirma haber realizado su inversión después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtiera a Rumanova de que no estaba autorizada para captar fondos, "ni siquiera aparece en la relación de inversores proporcionada a la CNMV por dicha entidad".