Iberdrola-ACS, la batalla continúa

En la junta de Iberdrola celebrada el pasado viernes en Bilbao, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se atuvo a ese dicho que aconseja que "cuando uno se ve obligado a ser tartamudo, es mejor ser mudo". Efectivamente, Galán evitó cualquier tipo de declaración pública, ni ante los medios ni ante sus propios accionistas, sobre una cuestión que, en el sentir de los gestores de la propia eléctrica, debilita los argumentos legales para excluir a su principal accionista, ACS (con un 19,02%), de su consejo de administración. Se trata de la reciente incorporación del presidente de BBK, Mario Fernández, al consejo de Repsol.

Este nombramiento nada tendría de particular si no fuera porque la caja vasca es el segundo accionista de Iberdrola y tiene en su consejo un representante dominical (Xavier de Irala) y porque Repsol es, al mismo tiempo, el accionista de control de un competidor de Iberdrola: Gas Natural Fenosa. Precisamente, ACS fue expulsada el año pasado del consejo de la eléctrica, que consideró, y así lo ratificó la junta, que la constructora era su rival en los sectores de las renovables y la ingeniería.

Así lo entendió también el titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Bilbao que llevó la denuncia de ACS y que se pronunció en favor de las tesis de Iberdrola. La sentencia fue impugnada por la constructora ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, a la que ahora podría incorporar como argumento "la doble vara de medir", tal como la calificó en la junta, que se aplica con BBK.

La modificación de los estatutos de Iberdrola intenta frenar los efectos de la enmienda antiblindaje

Desde que Repsol propuso a Mario Fernández como consejero independiente, que la junta de la petrolera refrendó el 16 de abril, Iberdrola atisbó el doble peligro que ello suponía en el devenir de la batalla que libra contra la constructora que preside Florentino Pérez. Por un lado, ACS podría utilizarlo en su favor ante los accionistas, como así ocurrió el viernes, y también ante los tribunales, como todo hace indicar. Por otro lado, cualquier movimiento de la eléctrica contra BBK y su entorno, afectaría al delicado engranaje de relaciones que mantiene con la entidad (que ha sido una fiel aliada) y con otras fuerzas, dadas las raíces vascas de la compañía.

Por todo ello, este particular conflicto se ha llevado con el máximo sigilo, lo que no ha evitado que trascendiera el malestar del máximo ejecutivo de la eléctrica por la situación creada. De hecho, fuentes de toda solvencia, aseguran que Galán intentó retener a Mario Fernández ofreciéndole una vicepresidencia en el consejo de la eléctrica.

Otro interrogante que se plantea en algunos ámbitos es por qué el interés del presidente de Repsol, Antonio Brufau, por fichar a otra figura influyente del País Vasco, cuando ya cuenta con Josu Jon Imaz en la presidencia de Petronor.

De momento, Iberdrola dispone de siete días para responder a las preguntas que sobre BBK le planteó en la junta el secretario de ACS, José Luis del Valle. Siempre que el presidente de Iberdrola no la considere "inoportuna", según establece un artículo modificado de los estatutos.

Iberdrola sostiene, y quizás así se lo haga saber a su accionista que, de acuerdo con informes de PwC y el despacho de abogados Ramón y Cajal, el conflicto de interés de BBK es solo parcial. Por tanto, se sustanciará puntualmente con la ausencia de su representante del consejo. Una solución que favorece también las tesis de ACS, que ya reclamó para sí esta incompatibilidad circunstancial.

Trabajo no les va a faltar a los abogados, que se preparan para impugnar, entre otros, los cambios de varios artículos de los estatutos de Iberdrola aprobados el viernes. Muchos de ellos, encaminados a reforzar los "poderes ya exorbitantes del presidente", según lo calificó Del Valle.

El cambio más polémico es el del artículo 30, que deja sin derechos de voto a los accionistas "que se hallen en conflicto de interés y, en particular, los que participen en un proceso de fusión o escisión con la sociedad". En otras palabras, no podrán votar los acuerdos de operaciones que les ataña o afecte. Estas trabas para votar afectarán también a los inversores extranjeros.

Según interpretan fuentes jurídicas, Iberdrola intenta contrarrestar así la llamada enmienda antiblindaje que entra en vigor el 1 de julio y elimina los límites a los derechos de voto en las empresas cotizadas. Con el agravante de que, mientras el límite actual es del 10%, con la nueva redacción del artículo 30, sería cero para casos de "conflicto de interés". Y es que la definición de conflicto, excepto en los casos expresamente tipificados, no queda objetivamente "tasada", según otras fuentes.

Se daría, por tanto, la circunstancia de que ACS, además de no tener derecho a estar en el consejo de administración, tampoco lo tendría para votar en la junta en asuntos cruciales.

Aunque hay quien la considera "una medida de distracción", ya que la enmienda antiblindaje anulará de pleno derecho el artículo 30, no hay consenso, al respecto, entre abogados consultados. Para algunos, la redacción de ese artículo no se opone, al menos frontalmente, a la Ley de Sociedades Anónimas, que impide fijar límites estatutarios al número máximo de votos, pero no prohíbe limitar los derechos por otras causas, como la del conflicto de interés al que alude los estatutos de Iberdrola.

La batalla ACS-Iberdrola continuará, de momento, escorada en el flanco judicial. ¿Habrá novedades a partir del 1 de julio? Todas las miradas se orientan a una fecha que quizás sirva también para distraer a los más expectantes.