Poder para gestionar 167.000 millones
El presupuesto de los 13 Gobiernos autonómicos y 8.100 locales en liza supera el que maneja Salgado.
Los ciudadanos son cada vez más conscientes del creciente protagonismo de las Administraciones territoriales en la vida política y social del país. Sin embargo pocos adivinan, a juzgar por el CIS, el inmenso poder de gestión económica que se deriva del resultado obtenido anoche tras el escrutinio de las urnas. Y es que las elecciones celebradas ayer son, sin duda, las más importantes en España en términos de reparto de poder económico. El presupuesto para 2011 de las 13 comunidades donde hubo ayer comicios (todas menos Galicia, Andalucía, Cataluña y País Vasco) alcanza los 89.671 millones de euros. A ello hay que sumar los 77.983 millones repartidos entre los 8.100 entes locales (municipios, cabildos y diputaciones provinciales y forales). En total, 167.000 millones de euros, que superan a los 150.056 millones de los Presupuestos Generales del Estado, diseñados por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para la Administración central (excluida la Seguridad Social).
Pero si importante es la cantidad de la tarta a repartir en relación al gasto público total, más importante es la gestión que se haga de ella. En un entorno de crisis económica, las comunidades y municipios se han comprometido a reducir el déficit fiscal para contribuir al objetivo que el Gobierno convino con Bruselas (6%). Algo que les obligará a recortar gasto sobre lo previsto este año.
Sanidad y educación
En el caso de las comunidades, el objetivo es reducir el déficit este año al 1,3% del PIB, el equivalente a unos 16.000 millones, algo nunca conseguido. Teniendo en cuenta que sanidad y educación copan casi el 70% del presupuesto regional medio, no es difícil vislumbrar que parte de esos recortes vendrán de la mano de partidas relacionadas con estos conceptos, a menos que el Ejecutivo de turno se avenga a subidas de impuestos o reabajas en la masa salarial de los empleados públicos. Cataluña, que ayer no celebró comicios (fueron el pasado 28 de noviembre), es buena prueba de cómo los recortes están llegando a prestaciones sanitarias.
Otra posibilidad que tienen los Gobiernos regionales para aliviar sus cuentas, aunque sea temporalmente, es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía para desatascar y poder cobrar los recursos procedentes del polémico fondo de competitividad, algo que ya ha sido recurrido por algún Ejecutivo regional como el madrileño.
En el caso de los municipios, la situación es similar. Los entes municipales, altamente endeudados (28.769 millones de saldo vivo de finales de 2010), deben disminuir también sus números rojos si no quieren que el Gobierno central limite aún más sus posibilidades de endeudamiento. En el fondo de la cuestión se encuentra la reforma de un modelo de financiación local, aplazado a lo largo de los tres últimos años tras el estallido de la recesión económica.
La crisis está haciendo mella también en el PIB per cápita. Hace cuatro años todas las comunidades soñaban con superar la renta media de la zona euro, algo que solo estaba al alcance de las más ricas (Navarra, Euskadi o Madrid). Ahora, el objetivo es recuperar el terreno perdido, sobre todo en el mercado laboral, donde cinco millones de desempleados se reparten desigualmente por todo el país. En algunas comunidades, como Canarias, cuentan con un paro del 28,5%, muy por encima de la media (21%), ya de por sí excesiva.