La deuda autonómica se convierte en el patito feo de la campaña electoral
La deuda de las comunidades autónomas cada vez tiene más peso sobre el conjunto del endeudamiento público. En 2010 aumentó un 31,7% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 115.455 millones de euros. Cataluña, que no celebra elecciones autonómicas, es la región más endeudada (31.886 millones), a la que además ayer Standard & Poor's rebajó el rating de A+ a A. Le sigue la Comunidad Valenciana, cuya deuda, de 17.600 millones, representa el 17,2% de su PIB
Coincidiendo con la campaña electoral, Moody's pronosticó que las autonomías necesitarían una financiación de entre 30.000 y 35.000 millones de euros para 2011 y 2012, pese a los pronósticos más optimistas de las autoridades españolas. Todo ello componía un escenario del que podía esperarse, por parte de los partidos políticos, propuestas concretas para la reducción del gasto público, así como para encontrar vías de financiación más efectivas. Sin embargo, la relevancia del problema no ha tenido la repercusión esperada ni en los discursos ni en los programas electorales.
Que las regiones hayan tenido que recurrir, y de forma reiterada, al mercado de deuda para encontrar financiación da una idea de la gravedad del problema. La guerra del pasivo desatada entre las entidades financieras también llega a los bonos regionales, que han de ofrecer condiciones no menos atractivas para captar los recursos necesarios. Esto se traduce en un incremento de los costes financieros, por lo que este modelo de financiación mejora la liquidez, pero acarrea más gastos a su vencimiento.
Cataluña ha sido la región que más ha recurrido a la deuda, con remuneraciones de entre el 4% y el 5%. En octubre emitió en torno a 3.000 millones, y unos 3.100 entre abril y mayo.
La Generalitat Valenciana emitió bonos por 1.500 millones en diciembre, y recientemente informaba de la colocación de otros 400 a un año al 4,25% y de 200 a dos, a un tipo del 4,75%. En total, 600 millones de emisión que podrían llegar a 900.
En el programa de gobierno del PP Valenciano, en el poder desde 1995 y favorito en las encuestas, se reconoce la necesidad de un replanteamiento del modelo autonómico basado en la austeridad y la transparencia, adelgazando las estructuras públicas.