La zona euro ampliará la ayuda y el plazo de devolución a Grecia, pero no renegociará su deuda
Los ministros de Economía de la Unión Europea acordaron ayer las condiciones de un nuevo rescate a Grecia, que pasaría por ampliar las ayudas y el plazo de devolución de las mismas. A cambio tendrá que realizar más ajustes, acelerar las reformas y garantizar los nuevos préstamos con lo que ingrese por privatizaciones. La reunión dio luz verde al rescate a Portugal, que tendrá un coste de 78.000 millones.
Los ministros de Economía del Eurogrupo superaron ayer el primer match-ball al que se enfrentaban al consensuar las líneas maestras del segundo paquete de rescate para Grecia, que podría elevarse a 60.000 millones de euros (la cifra concreta se conocerá cuando acabe la misión de la delegación del BCE, FMI y UE que actualmente analiza en Atenas la evolución de Grecia un año después del primer rescate).
Con la aprobación de ese segundo paquete de ayudas, las autoridades comunitarias tratan de enfriar los incesantes rumores sobre una inminente reestructuración de la deuda, que amenaza con crear un tsunami entre los principales acreedores del gobierno griego. Y entre ellos, según los últimos datos del Banco Internacional de Pagos, están Francia y Alemania, con una exposición de 83.000 y 65.000 millones de euros respectivamente. La aprobación de una quita habría puesto contra las cuerdas a un gran número de entidades financieras de las dos mayores potencias de la Unión Europea.
Compra de títulos
Con el fin de evitar esta situación, los ministros de Finanzas del Eurogrupo acordaron ayer las condiciones de un nuevo rescate ante la posibilidad más que cierta de que la economía griega no consiga financiarse el año que viene, en el que se le juntan la devolución de los préstamos del primer rescate y el pago de los costes financieros de la deuda emitida. En este contexto, el plan que manejan, en gran parte diseñado por Alemania, pasa porque las entidades financieras comunitarias, incluidas las griegas, amplíen los plazos de devolución de los préstamos concedidos (el primer rescate estaba dotado con 110.000 millones de euros) y que se comprometan a comprar deuda griega durante el tiempo que se prolongue el segundo plan de rescate. Este modelo es el mismo que se siguió en 2008 cuando un gran número de bancos del centro y del norte de Europa fueron recapitalizados por la UE y el Banco Mundial en la "Iniciativa de Viena".
La ministra de Economía de España, Elena Salgado, aseguró ayer que la crisis griega debía abordarse respetando el cumplimiento de los compromisos por ambas partes: "El de facilitar ayuda en las mejores condiciones posibles por parte europea y el cumplimiento del programa de ajustes y reformas por parte de Grecia", aseguró ayer antes de la reunión.
En esta frase, Salgado sintetizó el pensamiento de la mayoría de los titulares de Economía de la zona euro: la ampliación de plazos y la masiva compra de títulos griegos tendrán sus contraprestaciones. De hecho ayer estaba encima de la mesa la posibilidad de que los préstamos que se comprometan en el segundo rescate de Grecia se avalen con bienes públicos o con los ingresos que se generen a través de las privatizaciones, de las que se espera obtener 50.000 millones de euros.
El comisario de Economía de la UE, Olli Rehn, exigió ayer a Atenas que acelere las reformas estructurales y el programa de privatizaciones para no desviarse aún más de los objetivos fijados en el plan de ajuste diseñado por la Troika. En las últimas previsiones de primavera, que la UE difundió el pasado viernes, las autoridades comunitarias preveían que el déficit griego se situará en el 9,5% del PIB y en el 9,3% en 2011 y 2012. Ambas cifras están muy alejadas de las previstas en el plan de ajuste del primer rescate (7,6% y 6,5%), al igual que la deuda pública, que podría llegar el año que viene al 166% del PIB. El ministro belga de Economía, Didier Reynes, remarcó ayer que era imprescindible "que el gobierno griego aportará un plan complementario de ajustes" para acometer ampliaciones de las ayudas .
No todos los miembros de la Troika, formada por BCE, UE y FMI, están de acuerdo sobre cómo abordar la crisis griega. El FMI aboga por la ampliación de los plazos de pago y considera a Grecia como un caso excepcional, ya que pese a tener una deuda muy elevada, cuenta con una cartera de activos mucho mayor que la de otros países de Europa. De hecho cree que los 50.000 millones que el Gobierno griego debe privatizar es probablemente menos que el 20% de todos los activos que podrían pasar a manos privadas. En el otro lado, el miembro del comité ejecutivo del BCE, Lorenzo Bini-Smaghi, aseguró ayer en una entrevista con Dow Jones Newswires que una prolongación de los vencimientos tendría efectos negativos sobre el sistema bancario griego "por las dificultades para refinanciarse en los mercados".
Mantener la exposición
Al debate sobre cómo abordar el rescate de las economías ahogadas por la crisis de la deuda se unieron ayer las dudas sobre cómo podría afectar a la evolución de los planes la detención del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, por presunta agresión sexual. El portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj, confió ayer en que habrá una continuidad total en el proceso de toma de decisiones en el FMI. "Está fuera de cuestión que las decisiones sobre los rescates de Portugal o Grecia puedan verse alteradas por la detención de Strauss-Khan", dijo ayer en rueda de prensa.
El otro gran punto en la mesa era la aprobación del rescate para la economía portuguesa. Los ministros de Finanzas dieron luz verde a un plan que estará dotado con 78.000 millones de euros y que finalmente incluye las peticiones exigidas por el gobierno finlandés para evitar su bloqueo. En el comunicado hecho público por los ministros de Economía, las autoridades portuguesas se comprometen "a alentar a los inversores privados a mantener su exposición conjunta (a la deuda del país) sobre una base voluntaria".
El monto del rescate, que cubrirá las necesidades de financiación de la economía lusa durante tres años, será cubierto por la UE, que aportará 52.000 millones a través del fondo de rescate de los países del euro y del fondo garantizado por el presupuesto europeo, y por el FMI, con otros 26.000. A España le correspondería, según las primeras estimaciones oficiales, 3.247 millones, lo que supone un 12,49% del total, el equivalente a su participación en el BCE.
El ministro de Economía de Portugal, Fernando Teixeira Dos Santos, tildó de "ambicioso, aunque ajustado a los retos", el programa de consolidación fiscal diseñado por los ministros del Eurogrupo y no quiso desvelar el tipo de interés que deberá pagar por el primer tramo de la ayuda. "No está aún decidido", remarcó a la salida de la reunión.
Respaldo unánime al nombramiento de Draghi como sustituto de Trichet
El sucesor de Jean-Claude Trichet al frente del BCE ya tiene nombres y apellidos: Mario Draghi. El gobernador del Banco de Italia consiguió ayer el respaldo de todos los ministros de Finanzas de la zona euro, incluido Alemania, que desde el primer momento se había mostrado reacia a apoyar su candidatura.La canciller alemana, Angela Merkel, había elegido como sucesor de Trichet al presidente del Bundesbank, Axel Weber, que cumplía con las condiciones impuestas por Alemania al ser uno de los mayores supervisores del control de la inflación en la zona euro. No obstante, Weber rechazó en febrero el ofrecimiento de Merkel por su fuerte oposición al programa de compra de deuda pública por parte del BCE y eso provocó su salida fulminante al frente del banco central de Alemania.Desde esa fecha, Merkel se ha mostrado muy prudente a la hora de mostrar un apoyo explícito a Draghi, al ser el candidato de un país tradicionalmente poco cuidadoso con el control de los precios y la repercusión que ello podría tener entre sus votantes. Solo el respaldo público de Sarkozy y algunas manifestaciones públicas de Draghi apelando a la necesidad de controlar los precios como prioridad máxima del BCE decantaron la balanza a favor del candidato italiano.El nombramiento formal de Draghi se realizará en la cumbre de líderes europeos del 23 y 24 de junio tras previa consulta al Parlamento Europeo.