El Gobierno negociará con las regiones las plazas de maestro
Los sindicatos piden al Ejecutivo que retire los recursos a las ofertas de empleo de Castilla y León, Navarra y Cataluña
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, desea que haya reuniones "pronto" de los Ministerios de Política Territorial y de Economía y Hacienda con las comunidades que, según el Gobierno central, estarían superando el límite de cobertura de vacantes docentes, con el fin de resolver la cuestión.
Sin citarlas expresamente, Gabilondo se refirió tanto a las regiones cuyas oposiciones han sido ya recurridas por Economía por ese motivo (Castilla y León, Navarra y Cataluña) como otras con las que existe discrepancia en el cálculo de la tasa de reposición de plazas de profesorado, fijada en un máximo del 30% por los Presupuestos Generales del Estado de 2011. El recurso ha sido por la vía contencioso-administrativa.
Gabilondo puso el ejemplo de Andalucía, con la que el martes se llegó a una solución "sentándose en una mesa".
Los sindicatos de la enseñanza pública ANPE, CC OO, CSI-F, UGT y STES pidieron ayer al Ministerio de Economía y Hacienda que retire los recursos y que desista de hacerlo en otros casos. En un comunicado conjunto, las cinco organizaciones de trabajadores aseguran que todas las ofertas de empleo público tuvieron el "visto bueno" del Ministerio de Educación y del de Política Territorial.
Los sindicatos vuelven a defender amplias ofertas de empleo público docente en todas las comunidades porque lo contrario supone un daño "injustificado y gratuito" a todos los aspirantes que llevan mucho tiempo preparando las oposiciones, así como a sus familias. Asimismo, las centrales estiman que así se produce un "importante incremento del empleo precario" en educación, con aumento del porcentaje de interinidad en contra de los objetivos de las administraciones educativas en los últimos años.
También, añaden, tendrá una repercusión negativa en la calidad educativa, en "contradicción" con las propuestas del propio Ministerio de Educación y las directrices europeas. Y, finalmente, los sindicatos piensan que se desencadenará graves trastornos en la planificación y organización de los centros educativos.