La OIT reclama más eficiencia a la Inspección de Trabajo española
La Inspección de Trabajo tiene asignaturas pendientes, según un reciente informe de la OIT. El organismo destaca el solapamiento de los procedimientos penales con los administrativos, detecta faltas de coordinación entre Administraciones y pide agilidad en los procesos. Asimismo, denuncia deficiencias en la aplicación transfronteriza de la ley en la UE.
La más reciente de las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo es el plan para aflorar empleo sumergido. Tras barajar distintas alternativas y no lograr el visto bueno de los agentes sociales al respecto, el departamento que dirige Valeriano Gómez decidió que el plan consistirá en un incremento de hasta el 300% de las multas a los fraudes laborales. El aumento del número de inspectores de trabajo, la gran reclamación de los sindicatos, no se ha contemplado en dicho plan.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resume en un informe que acaba de publicar otras debilidades que detecta en la Inspección del Trabajo en España. Una de las más llamativas es que, según el organismo, el sistema sería más efectivo si no se abriesen de manera paralela procesos penales y administrativos o, al menos, primase la decisión del juez sobre la vía administrativa.
Otra crítica apuntada por la OIT tiene que ver también con cuestiones de organización. "No siempre existe una buena coordinación informativa entre la Inspección del Trabajo y las autoridades competentes en la resolución de las distintas sanciones", reza el documento. "La información sobre las sanciones firmes que se cobran en vía voluntaria o se recaudan en vía ejecutiva no es completa", puntualiza. Asimismo, "la recaudación de las sanciones se realiza de forma dispersa y por distintas Administraciones y órganos recaudadores".
El informe advierte también de que la lentitud de los procedimientos "incrementa los costes" y provoca "la caducidad" de los mismos. Así, cuando la notificación de la infracción se hace de forma indebida se suele sobrepasar el plazo máximo de seis meses entre notificación y resolución. En ese caso, el proceso caduca automáticamente.
Impunidad en España
España es un país con una "tendencia creciente" hacia la libre circulación de trabajadores en el entorno europeo. Sin embargo, "el principio de territorialidad en la aplicación de la ley penal no es suficiente para evitar que los empleadores eludan sus responsabilidades cuando infringen la ley". O dicho de otro modo, "los casos de impunidad de algunas empresas de España" obstaculizan "la correcta implementación del acervo comunitario". Inspección de Trabajo tiene en marcha programas de cooperación con otros países, pero "esta colaboración tiene deficiencias en relación con la ejecución transfronteriza de sanciones".
Desde el Ministerio comparten el diagnóstico que hace el informe, pero añaden al respecto que "para solucionar los problemas transfronterizos se está desarrollando un proyecto denominado Cibeles, auspiciado por la Comisión Europea, que está estudiando la problemática para después establecer y proponer soluciones".
Las cifras
249,9 millones de euros fue el importe total al que ascendieron en 2010 las sanciones de Inspección de Trabajo.571.864 fueron los trabajadores afectados el año pasado por las 98.972 actas levantadas.