A finales de año se presentará la propuesta

Bruselas reformará la legislación sobre la financiación de los servicios públicos

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ha señalado hoy las líneas maestras de la reforma de la actual legislación europea sobre la financiación de los servicios públicos de interés general para que sean más eficientes y para fortalecer el mercado interno europeo.

En una conferencia en Bruselas, Almunia ha afirmado que la Comisión Europea tiene la obligación de asegurar que las ayudas públicas a ciertos servicios no distorsionen la competencia en los mercados.

Esta reforma "debería permitirnos centrar nuestro escrutinio en la financiación de los servicios que tienen un impacto significativo en el mercado interno" y hacer que estos servicios sean "más eficientes sin tensar los presupuestos públicos", ha declarado.

Según la normativa vigente, los servicios de interés general pueden ser de carácter social -por ejemplo la educación o la salud-, de carácter económico -como los servicios de correo-, o ambas cosas a la vez.

Almunia ha recordado que, según el Tratado de Lisboa, las autoridades europeas no tiene potestad para decidir qué servicios son de interés general, ya que esta competencia está reservada a los estados miembros o, en algunos casos como España, incluso a las administraciones regionales.

Esto permite que los países de la Unión Europea puedan adaptar la financiación de estos servicios a sus tradiciones políticas y culturales, y a las necesidades de cada momento.

Aunque, para el comisario, "algunos servicios pueden proveerse de manera más eficiente mediante mecanismos de mercado que mediante mecanismos administrativos", ha rechazado que el debate deba centrarse únicamente en el coste y su impacto en las cuentas públicas.

Según Almunia, hay "una lista muy larga" de beneficios causados por una buena gestión pública de los servicios de interés general, como la creación de empleo y la mejora de la educación o de las redes de transporte, que favorecen el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.

La Comisión ha abierto un período de consulta con agentes sociales antes de presentar, a finales de este año, su propuesta de reforma legislativa, que se enmarcará dentro de la iniciativa para fortalecer el mercado interior presentada recientemente por el Ejecutivo comunitario.