Y llamáis socorrer, el rematar
Cuando un acuerdo que refuerza el consenso y el diálogo social se ve como una posibilidad cercana, volvemos a oír el revuelo que producen los arbitristas de nuestro tiempo. Hoy, a diferencia de sus predecesores, felizmente cobijados por instituciones financieras y medios de comunicación que, con fe de adicto, propagan remedios inservibles y caducos. Estos armachismes reviven las acres palabras de Quevedo, quien con sorna les reconvenía: "llamáis defender la hacienda: echarla en la calle, y socorrer, el rematar". No acostumbran a rendir cuentas -privilegio también de gobernadores-, ni se les exigen responsabilidades. A nosotros sí, el 1º de mayo es ocasión propicia para hacerlo.
Hay periodos en los que el sindicalismo avanza, construye derechos y hay otros en los que, por el contrario, nuestro trabajo consiste en impedir que se destruyan. Este es el que hoy nos sigue tocando vivir.
En la globalización, y consecuentemente en la crisis global, hay que defender los intereses generales de los trabajadores y también defender a nuestro país, que son en realidad una misma cosa. Hoy esto es, si cabe, más ineludible ya que la Unión Europea está afrontando la crisis con ajustes y recortes sociales. Endeudando por generaciones a los ciudadanos de sus Estados miembros. Es este equilibrio, difícil pero inevitable, el que ha determinado nuestras decisiones durante los últimos meses.
Nuestro comportamiento busca el consenso para salir de la crisis. Está regido por la ética y persigue metas morales: la solidaridad y la dignidad del ser humano. æpermil;tica y moralidad, sin ellas no hay comportamiento político que valga, su ausencia está también en el origen de esta crisis.
Hemos convocado una huelga general y firmado un acuerdo. Ambos acontecimientos tienen una íntima relación: expresan el poder del ejercicio democrático de nuestros derechos. Nos enseña, frente a los que pretenden que nos sumerjamos en la resignación, que en la Historia nada es inevitable. Reivindican, ante quienes pretenden consagrar la obediencia debida a los mercados, la capacidad de acordar, de gestionar la convivencia. En eso consiste la acción política en una sociedad democrática.
El Acuerdo Social Económico ha contribuido a recuperar la perspectiva y la serenidad a la hora de atajar la crisis. El tiempo ajustará el alcance de su importancia y especialmente lo harán las generaciones de trabajadores que hoy intentan incorporarse al mercado de trabajo.
Los sindicatos conseguimos recortar los recortes y proteger nuestro sistema de pensiones. Hemos evitado ahondar en los desencuentros y precipitarnos por una sucesión de medidas unilaterales y conflictos que hubiesen sido muy dañinos para la sociedad española y, por supuesto, para los trabajadores.
Se ha producido una corrección radical de los planteamientos iniciales del Gobierno, que hablaba de jubilarse a los 67 y sólo a los 67, quería eliminar la jubilación parcial y restringir la anticipada. El resultado ha sido 65 y 67, reconocer que hay que mantener la jubilación anticipada a los 61 años, aumentando la cotización de los empresarios de manera gradual, y se ha constituido como derecho la jubilación a los 63. Y dos iniciativas que tienen una gran importancia porque es la primera vez que, a efectos de cotización, en España se reconoce el periodo formativo y el tiempo dedicado al cuidado de hijos.
Pero el Acuerdo es algo más, expresa una convicción: que recorte de gastos y sostenibilidad no son sinónimos. Sin embargo, de poco servirá si no se consigue crear empleo. Sin empleo no hay pensiones. Sin buenos empleos no hay buenas pensiones.
La reforma laboral no crea empleo. Para las organizaciones sindicales queda pendiente revertir sus efectos más negativos. La Iniciativa Legislativa Popular es una segunda oportunidad, así lo deberían entender las Cortes Generales, para enmendar aquel error que se cometió con la aprobación de la reforma.
UGT está contribuyendo a afrontar la crisis con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Seguiremos haciendo lo necesario para remontar esta difícil situación y lograr un crecimiento más perdurable y equilibrado de la economía. Las fuerzas políticas deben acompañar con su apoyo en los trámites parlamentarios y la sociedad española no debe olvidar. Debe aprender de su pasado reciente, de lo sucedido entre 1997 y 2007, años en los que se gestó, evolucionó y estalló una política económica sin bases solidas, con un crecimiento a crédito y la especulación como motor. No es cierto que nadie apercibiese lo que estaba ocurriendo. Se alertó de los riesgos, en España y fuera de nuestro país. Lo hicimos en reiteradas ocasiones.
Nuestro cuidado es que esa historia pueda volver a repetirse. Si salir de la crisis significa volver a las prácticas económicas de esa "década prodigiosa", la posibilidad de empantanarnos en ella será algo más que una conjetura.
