Trabajo fija primeros de mayo como límite para reformar los convenios
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, advirtió ayer a patronal y sindicatos de que la reforma de la negociación colectiva tiene que estar cerrada en los "primeros días de mayo". Anunció también que el plan contra el empleo sumergido, en el que se intentará incluir a los agentes sociales, se aprobará mañana.
La reforma de la negociación colectiva avanza a paso de muerto. Y, según fuentes conocedoras del proceso, es "improbable" que pueda culminar antes de acabar el mes. Los contactos entre sindicatos y patronal cumplirán la semana que viene su cuarto mes desde que se sentaran las bases de la reforma en el Acuerdo Social y Económico. En este contexto, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo ayer que el país no puede esperar más: el nuevo marco de la negociación colectiva debe estar listo a primeros de mayo.
La advertencia del ministro se suavizó al apostillar que "carece de interés" si el acuerdo se alcanza "el día 3, 4 o 5 de mayo", informa Efe. Si al final las partes logran el consenso, "habrá merecido la pena esperar". La demora, en cualquier caso, es ya abultada: el plazo fijado por la reforma laboral era el 19 de marzo. Tras sobrepasarlo, los agentes sociales fijaron las vacaciones de Semana Santa como nuevo límite. Sin embargo, la inclusión en la mesa de negociación de las medidas para combatir el absentismo laboral y la reforma de las mutuas parecen ser las culpables de un nuevo retraso.
Aún así, los principales escollos al acuerdo siguen siendo los mismos que cuando se abrieron las negociaciones. No hay consenso acerca de qué hacer para que la renovación de los convenios no se enquiste durante años (la llamada ultraactividad). Ambas partes contemplan promover la mediación y el arbitraje, pero los sindicatos se niegan rotundamente a que ello pueda redundar en una reducción de la cobertura de los trabajadores.
Tampoco se han acercado posturas acerca de cómo facilitar las medidas de flexibilidad interna de las empresas. La patronal pretende que las propias compañías puedan modificar las condiciones laborales de su plantilla cuando la situación lo requiera, mientras que los sindicatos sostienen que dichas medidas solo se deben implementar con el acuerdo de los trabajadores.
En busca del consenso
En cualquier caso, el plan del Gobierno para aflorar el empleo sumergido se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Pese a que el segundo borrador remitido a los agentes sociales fue rechazado por estos, el Ejecutivo apurará hasta el último momento para lograr su "visto bueno". Es por eso que, según anunció ayer Gómez, el texto definitivo podría sufrir modificaciones. Todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para regularizar a sus empleados sin recibir sanciones (lo que el ministro insiste en negar que sea una amnistía) será de dos o tres meses.
Asimismo, tampoco es seguro que el tiempo máximo de cotización que se les reconocerá a los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social sea de seis meses o de un año. Pasado el periodo de gracia, los patronos deberán pagar las cotizaciones atrasadas o, si infringen la ley, hacer frente a sanciones más duras.
A favor de incluir al autónomo y al servicio doméstico
El plan para aflorar el empleo sumergido se centra "en los empresarios, no en los trabajadores" y "deja fuera de su ámbito a los autónomos y al empleo doméstico". Tampoco tiene en cuenta "determinadas situaciones", en especial, su aplicación a los "trabajadores extranjeros".Estas son algunas de las observaciones remitidas ayer de manera conjunta por UGT y CC OO al Ejecutivo respecto al segundo borrador del decreto-ley.Los sindicatos se quejan también de que el plan no viene acompañado del refuerzo de los medios de la Inspección de Trabajo. Tampoco se prevén mecanismos de seguimiento ni de control durante el proceso de regularización, por lo que en la práctica se incentiva que los patronos opten por que los contratos nuevos sean temporales.