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Se multiplican las voces que exigen reformar el modelo autonómico

Los expertos piden al Gobierno que controle y limite el gasto regional

La crisis económica y el deterioro de las finanzas públicas han disparado las voces que reclaman una reforma del modelo autonómico. En particular, los expertos piden una mayor vigilancia del gasto de las comunidades en un momento en que incluso el FMI ha recomendado al Gobierno extremar el control sobre las finanzas territoriales.

El sistema autonómico, antaño tan elogiado, se ha convertido en una suerte de piñata en el que analistas, asociaciones y expertos descargan sus críticas hacia España. Incluso, el FMI o la Comisión Europea han reclamado reforzar el control sobre el gasto autonómico para lograr que España cumpla el objetivo de reducir su déficit fiscal al 3% del PIB en 2013.

En este sentido, la Fundación Ciudadanía y Valores presentó el viernes un decálogo de propuestas para la "racionalización del Estado autonómico". La propuesta, avalada por el ex presidente de la Comunidad Madrid Joaquín Leguina lamenta que las comunidades autónomas hayan devenido "en mini-Estados", emulando a la Administración central e incurriendo en gastos "superfluos" cuando no "disparatados".

El informe, coordinado por Javier Tajadura, profesor de la Universidad del País Vasco, reclama limitar la dimensión institucional del Estado autonómico con el fin de evitar que los Gobiernos territoriales mantengan sus "respectivos defensores del pueblo, consejos económicos y sociales, consejos consultivos a tribunales" o delegaciones en el exterior a imagen y semejanza de las embajadas.

Además, sostiene que los Parlamentos autonómicos deberían "desprofesionalizarse", es decir, que los diputados autonómicos compatibilizaran sus labores en las cámaras territoriales con sus respectivas profesiones. Ello implicaría eliminar los sueldos por un "sistema de compensación mediante dietas". Detrás de esta propuesta subyace la frenética actividad legislativa que llevan a cabo las comunidades y que, según el informe, distorsiona la unidad de mercado.

Déficit excesivo

En cualquier caso, el debate originado en torno al modelo autonómico pivota sobre el control del gasto. Las comunidades registraron un déficit del 2,83% en 2010 e incumplieron el objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno. Y resulta difícil imaginar que este año logren rebajar ese déficit al 1,3% que exige el Ejecutivo. Es decir, las comunidades deberían recortar en 16.000 millones sus números rojos, una cifra que requiere adoptar recortes mucho más ambiciosos que los incluidos en los Presupuestos. En este sentido, la Fundación Ciudadanía y Valores propone que la Administración central fije el techo de gasto de las comunidades, una medida que desde el Partido Popular ven con buenos ojos.

Por otra parte, exigen limitar la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, cuya deuda aumentó en 2010 un 32% hasta alcanzar los 115.455 millones, la mayor cifra jamás registrada. Con todo, el Gobierno ya ha indicado que solo las comunidades que presenten un plan de saneamiento realista podrán recurrir a nuevas emisiones de deuda en los próximos ejercicios.

En cualquier caso, las propuestas que contiene el informe tienen una difícil aplicación ya que requieren amplios acuerdos parlamentarios y, en algunos casos, solo se podrían llevar a cabo a través de una reforma constitucional.

Con todo, Tajadura defiende que si algunas comunidades adoptan individualmente algunas de sus propuestas, es probable que el resto siguiera la misma senda. Por ejemplo, recomiendan privatizar los televisiones autonómicas. Aun así, rechazan extender esta sugerencia a los medios públicos de ámbito estatal como Televisión Española.

Más deuda

El Consejo de Ministros autorizó el viernes a seis comunidades autónomas (Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Extremadura, Canarias y Asturias) a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo por un valor conjunto de 1.400 millones de euros.Las autorizaciones se enmarcan en el último tramo de endeudamiento con cargo al déficit fiscal de 2010.

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