La Generalitat cubre con éxito su emisión de bonos a dos años y la eleva a 960 millones
En solo cuatro jornadas, la demanda para comprar bonos catalanes ha superado los 2.177 millones de euros.
Los particulares interesados, además, parecen estar dispuestos a sacrificar la liquidez de la que disponen a cambio de una mayor rentabilidad. El reclamo de una remuneración al 4,75% ha llevado a muchos a lanzarse a por la opción a 24 meses, frente a la de un año, que se paga al 4,25%.
En concreto, la demanda de bonos a dos años superó ayer en 55 millones los 800 millones que la Generalitat tenía previsto emitir. El Ejecutivo catalán anunció entonces, como ya había adelantando, que se eleva la colocación de estos títulos hasta los 960 millones. Eso sí, el plazo para su adquisición se cierra en 48 horas, por lo que los 155 millones restantes solo podrán ser requeridos hasta el próximo lunes, inclusive.
Títulos a un año
Los bonos a 12 meses, con una remuneración al 4,25%, han recibido una demanda aún mayor, de 1.322 millones de euros, si bien el objetivo del Govern está situado en los 1.900 millones de euros . Una vez se alcance esta cifra, la Generalitat también tiene prevista una ampliación de la colocación hasta los 2.400 millones -que de nuevo limitará a 48 horas más- si bien parece que el plazo no se agotará tan rápidamente. Si no se alcanza el objetivo, la ventanilla de las nueve entidades que lo comercializan seguirá abierta hasta el próximo 3 de mayo.
En la anterior ronda de bonos de la Generalitat, que tuvo lugar el pasado octubre, la demanda del papel catalán superó los 3.500 millones de euros en una semana, sobre los 2.500 millones de euros a los que se elevó la emisión.
El hambre por estos bonos llega en un momento en el que las entidades financieras pelean fieramente por el ahorro de las familias. Ante el vencimiento de los depósitos de alta rentabilidad ofrecidos el año pasado, las oficinas han vuelto a llenar sus escaparates de productos remunerados entre el 3% y el 4,5%. Una guerra por el pasivo, no obstante, a la que el Banco de España se prepara a poner fin.