El Ejecutivo veta una línea ICO para ayuntamientos morosos
El Gobierno vetó ayer la enmienda presentada por el PP en el Congreso al proyecto de ley sobre agencias de calificación crediticia con la que pretendía recuperar la línea del Instituto de Crédito Oficial de 3.000 millones para que los ayuntamientos morosos puedan pagar a sus proveedores. Esta línea fue incluida dentro de la nueva Ley de Morosidad, aprobada en junio de 2010, y fue derogada en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 porque su aplicación era incompatible con la reducción del déficit fiscal fijada para ese ejercicio.
El portavoz de Presupuestos del PSOE en el Congreso, Francisco Fernández Marugán, justificó la decisión del Gobierno de vetar la enmienda del PP "porque su objeto es impedir que España cumpla sus objetivos de reducción del déficit, lo que llevaría al colapso económico y a una gran crisis política que, en última instancia, les llevaría al poder".
Por su parte, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, consideró un error la decisión adoptada por el Ejecutivo. "No hay voluntad política de acabar con la morosidad pública", apuntó Amor, quién señaló que el abultado nivel de facturas sin pagar de las corporaciones locales ha obligado a cerca de 200.000 autónomos a cesar en su actividad desde mayo del 2008.