Bruselas confía a la industria la protección de datos en las etiquetas inteligentes
La CE firmará hoy un acuerdo voluntario con parte de la industria europea para intentar garantizar la protección de los datos recogidos cada día por los cientos de millones de microchips instalados en objetos tan cotidianos como el teléfono móvil o los bonobuses electrónicos.
Bruselas calcula que durante este año saldrán al mercado más 1.000 millones de esos microchips en Europa. Y a nivel mundial, se calcula que en 2020 podría haber 50.000 millones de productos o aparatos conectados electrónicamente.
La comisaria europea de Sociedad de la Información, Neelie Kroes, confía en que el acuerdo resuelva "la legítima preocupación" de los usuarios respecto a la privacidad de los datos recogidos por la nueva tecnología de identificación por radiofrecuencias (RFID, en sus siglas en inglés). En la ceremonia de firma del acuerdo, sin embargo, solo tienen previsto su presencia un puñado de empresas (como Google, Oracle, Deutsche Post DHL o Carrefour) y con una representación de muy bajo perfil.
Esa tecnología, basada en microprocesadores que se activan de manera automática ante la proximidad de un "lector" con el que intercambia ciertos datos, permite acelerar numerosos procedimientos, como el acceso a una oficina o un garaje.
Pero la Comisión reconoce que si no se adoptan medidas preventivas, esas "pulgas inteligentes" también podrían revelar los datos personales a lectores ajenos a destino inicial.
El acuerdo auspiciado por Kroes comprometerá a las empresas firmantes a evaluar los riegos de seguridad para la privacidad de los usuarios y tomar medidas de precaución antes de colocar en el mercado un nuevo producto con microchip. Bruselas cree que se deberá prestar especial atención en el caso de aplicaciones que recojan datos tan sensibles como los biométricos o los relacionados con la salud y la identidad de las personas.
Organizaciones no gubernamentales y autoridades nacionales de protección de datos también suscribirán un acuerdo que se añade a la Recomendación emitida en 2009 por la CE. Esa Recomendación reconoció el derecho de los consumidores a que se desactiven de manera automática y gratuita los microprocesadores de un producto recién adquirido a menos que acepten expresamente mantenerlo activo. La Recomendación también pedía que empresas y organismos públicos informen de manera clara cuándo utilizan microprocesadores inteligente y qué tipo de información están almacenando. Se trata, sin embargo, de una mera Recomendacíón, sin apenas fuerza vinculante. Como el acuerdo voluntario suscrito hoy.