Babcock solicita un ERE para los 258 trabajadores readmitidos por vía judicial
De ERE en ERE mientras se inician los trámites para su liquidación. Babcock Power solicitó el jueves un expediente de regulación de empleo con extinción de contratos para los 258 trabajadores que ha readmitido tras una sentencia del Tribunal Supremo y que salieron de la compañía en 2004. Este expediente se suma al ya presentado para otras 364 personas en nómina del fabricante vasco de bienes de equipo.
Escasos recursos financieros, incremento de la masa salarial con la incorporación de nuevos trabajadores y una agotada cartera de pedidos complican la pactada defunción de Babcock, una compañía bajo administración judicial con un pasivo exigible de 73 millones. Esta sociedad estuvo hasta 2001 bajo el control de SEPI, pero su proceso de privatización no ha servido para encontrar el propietario idóneo.
Los trámites para aplicar una liquidación ordenada se complican. Ayer desfilaron por las oficinas de la compañía en Galindo (Vizcaya) los 258 trabajadores readmitidos tras resolver el Supremo que su salida, mediante un ERE, no se ajustó a derecho. Durante los últimos siete años han cobrado los salarios pactados, además de un complemento procedente del fondo abierto por el holding público. Estas retribuciones están, ahora, en cuestión.
La mayoría de los 258 readmitidos, unos 160, tiene hasta el lunes para acogerse a la oferta de la empresa de "licencia retribuida", es decir, marcharse a su casa cobrando el sueldo. Otros 100, según fuentes consultadas, optaron ayer por su reincorporación. Fuentes cercanas a la firma interpretan esta decisión como una estrategia para buscar nuevos conflictos judiciales ante la imposibilidad de atender sus demandas por la nula carga de trabajo.
El asunto está en manos del juez de lo Mercantil Número 2 de Bilbao. Primero deberá decidir sobre las condiciones del ERE para la plantilla en activo. Después para el expediente de los readmitidos. Su resolución deberá producirse antes del 31 de mayo, fecha en las que acaban las garantías otorgadas por SEPI a la plantilla dentro del proceso de privatización.