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Aprobado el resultado de una primera inspección

La CNE suspende el pago de primas a 350 fotovoltaicas irregulares

El resultado de la primera investigación sobre el fraude fotovoltaico que ha realizado la CNE al amparo de una norma aprobada en agosto es contundente: un 35% de las instalaciones de las mil analizadas no reúnen los requisitos para cobrar la tarifa o prima regulada. Por tanto, 350 se quedarán sin cobrarla.

Desde este mismo mes, 350 instalaciones fotovoltaicas dejarán de cobrar cautelarmente la prima que recibían hasta ahora, al no haber acreditado, según la CNE, que a 30 de septiembre de 2008 "tenían los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica". Esa fecha fue la frontera entre la derogación del RD 661/2007 y la entrada en vigor del 1578/2008, que suponía el paso de una tarifa favorable (47,5 céntimos/kWh) a otra menor (32,6 céntimos/kWh).

La carrera para poner en marcha cientos de instalaciones antes de esa fecha y poder cobrar la prima más sustanciosa llevó a situaciones de fraude, que fueron detectadas poco después por Industria y el regulador energético. Para atajar el problema, y tras un largo proceso de dos años de inspecciones in situ por parte de la CNE, que el ministerio ha guardado en el cajón, el pasado 5 de agosto se aprobaba el real decreto por el que se regula la liquidación de la prima equivalente de la energía fotovoltaica, con el objetivo de retirársela a las instalaciones en situación de fraude , que no se acogiesen a la amnistía que ofrecía el propio real decreto.

Con los criterios definidos por Industria en una resolución del 6 de agoto, la CNE hizo un requerimiento a 9.041 instalaciones, de las cuales, 911 se acogieron a la regularización ofrecida por el Gobierno. Esta consistía en pasar de la tarifa buena a la mala, por lo que la amnistiada se libraba del castigo de quedarse sin prima alguna.

A todas ellas se les había hecho un requerimiento solicitándoles los originales de las facturas de compra y los albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos y de otros equipamientos de la instalación, así como el documento acreditativo de aduanas en el caso de que los equipos fuesen importados. También se les pidió el certificado de la instalación, el del final de obra y la acreditación de la referencia catastral de la parcela donde se ubicara.

Suspensión cautelar

Descontadas las plantas acogidas a la regularización, la investigación de la CNE se ha centrado en 8.200 instalaciones, que suman unos mil MW de potencia.

Del primer análisis sobre 1.001 plantas, el resultado es el siguiente: 350 instalaciones (32,6 MW) no han acreditado que contaran con los equipos para producir energía el 30 de septiembre de 2008, y sí lo han hecho las restantes 651 (51,9 MW). Por lo tanto, un 35% del total de instalaciones y casi el 39% en cuanto a la potencia investigada, estaban en situación irregular. Un 70% están en suelo, con una producción de 1.250 horas anuales y, el resto, con seguimiento en ejes, y 3.350 horas.

Según el informe de la CNE, que debe comunicar individualmente a cada propietario su decisión, las instalaciones que se quedarán sin prima producirían 61 GWh al año y su expulsión de la tarifa supondrá para el sistema eléctrico un ahorro de 26,5 millones de euros, según los cálculos del regulador.

La suspensión del pago de la prima se considera cautelar, ya que las instalaciones afectadas tienen la posibilidad de recurrir la decisión de la CNE ante el Ministerio de Industria. En cualquier caso, y en tanto resuelve Industria, todas ellas deberán vender su producción a precios de mercado.

Asimismo, la comisión comunicará la decisión a las comunidades autónomas competentes en las que se ubiquen las afectadas.

La mayoría, en Murcia y Castilla-La Mancha

Las 350 plantas que en la primera tanda analizada por la CNE no han podido acreditar que contaban con los equipos necesarios para producir electricidad el 30 de septiembre de 2008 están ubicadas en una treintena de provincias. Sin embargo, el mayor número se concentra en Murcia, Ciudad Real, Cuenca y las dos provincias extremeñas.El regulador energético ha tenido serias dificultades para recopilar y procesar toda la información remitida por las instalaciones a las que se les hizo el requerimiento. Y es que, aunque se les pidió que la enviaran por medios telemáticos, la norma permite su remisión en papel, que, al final, ha sido la vía utilizada por la gran mayoría. Según el informe del consejo de la CNE, solo se habían recibido vía telemática la documentación de 1.197 instalaciones, de un total de 9.041. Para su tratamiento ha sido necesario escanear 200.000 folios para incorporar los más de 7.000 expedientes en papel a la base de datos.La investigación del fraude fotovoltaico ha supuesto grandes esfuerzos para el personal de la Comisión. A mediados del año pasado, el regulador había concluido el plan de revisión de 4.000 plantas, de las cuales, en un 80% se detectaron anomalías. Pero, a pesar de que el resultado de cada una de las inspecciones fue remitido al ministerio, este nunca tomó medidas contra las plantas en situación de supuesto fraude.Aunque el departamento que dirige Miguel Sebastián pareció tomárselo en serio con el real decreto aprobado el 5 de agosto, el objetivo de este era una regularización o amnistía que resultó un fracaso: solo 911, de las 9.041 plantas analizadas, se apuntaron a la misma (71 de las que renunciaron a la prima no habían sido requeridas).

Las cifras

35% son las fotovoltaicas que no han acreditado, en un primer análisis, contar con los requisitos para cobrar la prima.8.200 millones es el ahorro para la tarifa de acceso que supondrá la expulsión de las instalaciones irregulares.26,5 es el total de plantas analizadas. En una primera fase la CNE ha examinado 1.001.

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