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El presidente portugués mantiene nuevos contactos políticos

Cavaco logra el compromiso para que la oposición continúe con el ajuste fiscal

El presidente portugués cuenta con el apoyo de los tres principales partidos de la oposición para seguir continuando con los planes de ajuste fiscal requeridos por la Unión Europea para evitar el rescate financiero.

Poco a poco se va desojando la margarita del futuro político en Portugal pese a que, por el momento aún se desconoce qué formación o formaciones serán las encargadas de gobernar el país, tras la dimisión presentada la semana pasada por el primer ministro, José Sócrates. "Los tres principales partidos de la oposición me han garantizado su compromiso con los planes de consolidación fiscal y los objetivos de reducción del déficit público anunciado por el Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública", indicó a Bloomberg el presidente del país vecino, Aníbal Cavaco Silva. El presidente portugués retomó ayer la ronda de contactos que comenzó el pasado viernes a nivel político con el propósito de resolver la crisis de Gobierno abierta por la dimisión de Sócrates, producida por la negativa de la oposición a convalidar el duro plan de recorte adicional del gasto público.

Cavaco Silva, referente histórico del Partido Social Demócrata (PSD, de tendencia conservadora), mantuvo una reunión ayer con el presidente del Parlamento luso, el socialista Jaime Gama, para escuchar su opinión sobre las posibles salidas a esta crisis. El viernes, el presidente luso conversó con los representantes de los seis partidos mayoritarios en el país, que coincidieron en apuntar a la convocatoria de elecciones anticipadas como la mejor forma de resolver la actual situación.

Consciente de que este contexto de incertidumbre política perjudica a Portugal de cara a los mercados, Cavaco deberá dilucidar cuanto antes si acepta oficialmente la dimisión de Sócrates y opta por la celebración de comicios legislativos o por la conformación de un Ejecutivo de consenso, integrado con representantes de diferentes partidos.

Si opta por la convocatoria de elecciones, el plazo más probable es el mes de junio, dado que la ley portuguesa marca que deben transcurrir al menos 55 días desde que el presidente realiza el anuncio hasta que se celebren los comicios. El problema está, según muchos analistas, en si el país puede permitirse un periodo tan prolongado de impasse político, dada la penalización que los mercados están ejerciendo sobre la economía portuguesa. La deuda pública lusa a diez y cinco años volvió a intensificarse y batió un nuevo récord al cotizar a un interés del 7,82% y del 8,53%, respectivamente. En el Consejo Europeo del pasado viernes, la canciller alemana, Angela Merkel, instó al futuro gobierno portugués a que continúe con el plan de ajuste de Sócrates a fin de evitar un rescate financiero como ya ocurrió con Irlanda y Grecia y que podría alcanzar los 75.000 millones. El plan de Sócrates que el Parlamento luso echó abajo la semana pasada pretendía un recorte adicional de 4,5 puntos del déficit fiscal portugués a lo largo de tres años.

S&P rebaja la nota también a la banca

La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó ayer la nota de las cinco grandes entidades financieras de Portugal debido a las cada vez más difíciles condiciones para acceder a liquidez. Afecta a Banco Espírito Santo, Caixa Geral de Depósitos, Santander Totta, Banco Portugués de Inversiones y Banco Comercial Portugués, y se produce como consecuencia de la rebaja de la nota de Portugal en dos escalones, de A- a BBB, anunciada por esta agencia el viernes. Además, Standard & Poor's mantiene con perspectiva negativa los créditos a largo plazo de las entidades, por lo que advierte de que podrían producirse "recortes adicionales". Su decisión se fundamenta "en el deterioro de los perfiles financieros de los bancos por las crecientes dificultades económicas, financieras y del entorno operativo en Portugal". El país luso se encuentra bajo la intensa presión de los mercados durante los últimos meses. Ayer mismo los intereses que penalizan su deuda soberana batieron nuevos récords desde la entrada en vigor del euro, en 2002.

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