Hacienda incita a adjudicar los contratos públicos a la oferta más baja

La Intervención General del Estado ha emitido un documento con nuevas instrucciones para reducir el gasto. Destaca la recomendación para que en los contratos públicos el criterio que más se valore sea el precio. Las empresas auguran la vuelta de las bajas temerarias y los consiguientes modificados.

Hacienda no está dispuesta a permitir ni un solo desmadre en el gasto público. Por ello, las intervenciones delegadas de todos los ministerios, así como de los organismos autónomos y las delegadas regionales y territoriales tienen desde hace unos días sobre la mesa un documento del interventor general del Estado por el que se dan nuevas instrucciones "sobre las medidas de refuerzo del control para el cumplimiento del Plan de Austeridad 2011-2013".

El texto, al que ha tenido acceso CincoDías, alude a la necesidad de incrementar los esfuerzos en todas las partidas, aunque hace especial hincapié en los procesos de contratación pública. El interventor recuerda que se debe realizar una "revisión rigurosa de los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios", de forma que de 2011 a 2013 se logre una reducción de los gastos en bienes corrientes y servicios del 15% y un recorte de las inversiones del 13%. Para lograr estos objetivos, el texto apuesta por "no desincentivar las mejoras de precio en las ofertas de contratación".

Llega a sugerir que cuando en el concurso existan grandes diferencias entre el precio de unas ofertas y otras, que esas variaciones de precio se traduzcan también en variaciones significativas en las puntuaciones que reciba cada oferta. "De lo contrario, se desincentiva que las empresas sean más agresivas en sus pujas", aseguran fuentes del sector constructor.

Otras fuentes llaman la atención de que con este nuevo mandato de la intervención hay una clara marcha atrás. "Cuando ya habíamos logrado que parámetros como el diseño técnico de la obra o los plazos de ejecución cobraran más protagonismo en la puntuación, volvemos a primar el precio", aseguran en una empresa de suministros.

Precios "temerarios"

Preguntado por esta cuestión el presidente de la patronal de las ingenierías Tecniberia, José Luis González Vallvé, lamentó que lo prioritario sea conseguir un fuerte ahorro a corto plazo, cuando la experiencia nos dice que lo barato muchas veces resulta caro". González Vallvé recuerda que en las últimas semanas han vuelto a dispararse las bajas en los concursos de proyectos de obra hasta alcanzar el 50% sobre el precio de licitación. "Esto nos llevará irremediablemente a los modificados posteriores (cambios que se introducen con la obra en marcha); luego el ahorro que se habrá conseguido será mínimo", alertan en una constructora.

Fuentes conocedoras de estos procesos de contratación explican que otro de los aspectos más graves que encierra la circular de la Intervención es el referido al concepto de temeridad. "Aunque no lo dice expresamente, del contexto del documento se puede entender que estarían dando instrucciones para que los umbrales de temeridad de los concursos sean igual de restrictivos que los de las subastas", explican. En estas se consideran bajas temerarias aquéllas que superan a la baja media en 10 puntos porcentuales, cuando en la actualidad la Seitt y Fomento la habían establecido en la reducción promedio más cuatro puntos porcentuales. Todo ello conllevará un aumento de las bajas. Conclusión: menos negocio (la licitación cayó un 32% en enero) y a un precio cada vez menor.

Control exhaustivo del pago de subvenciones

El texto remitido por la Intervención recuerda que el plan de austeridad establece una reducción gradual de los gastos que no sean de personal, de bienes corrientes y de servicios e inversiones de, al menos, un 36% entre 2010 y 2013, exceptuando de esta restricción a las prestaciones sociales, dependencia, becas, transferencias derivadas de la aplicación de los sistemas de financiación de las administraciones territoriales y la aportación a la UE.Por tanto, en esos gastos que necesariamente hay que recortar en ese 36% están incluidas las subvenciones. Para su fiscalización, el interventor exige que se concreten de forma suficiente los gastos subvencionables, así como que se establezcan límites, como retribuciones, gastos de viaje y manutención. En lo referido a la firma de convenios donde la Administración Central se compromete a pagar una cantidad determinada, dice el interventor que "se puede estar dando la circunstancia de que el Estado se esté endeudando para transferir fondos a terceros que en ese momento no tienen la necesidad efectiva de aplicarlos a la finalidad para la que se reconocieron".Por ello, las nuevas recomendaciones abogan por que se realicen las comprobaciones pertinentes, de modo que los desembolsos realizados por el Estado se ajustan al ritmo y necesidad de financiación de la actuación objeto de la colaboración. Por último, el interventor da instrucciones a todos los organismos encargados del control del gasto público de cómo han de proceder en caso de que detecten prácticas que "puedan menoscabar" el contenido de los acuerdos de Consejo de Ministros de 29 de enero y 20 de mayo de 2010 (cuando se aprobaron los dos ajustes). Hacienda no quiere ninguna sorpresa desagradable.

La cifra

32,6% es la caída experimentada por la licitación pública de todas las Administraciones en enero, según los últimos datos.