Santander mantiene en el cargo a Sáenz tras la sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo condenó ayer al consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de falsa acusación cometido en 1994, cuando era presidente de Banesto. Santander ha ratificado a Sáenz en su cargo tras solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, recurrir al Tribunal Constitucional y pedir al Gobierno su indulto.
El grupo Santander cerró ayer filas en torno a su consejero delegado, Alfredo Sáenz, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena al banquero. A los pocos minutos de hacerse público el fallo, la entidad financiera distribuyó una nota en la que informaba de la decisión del consejo de administración de mantener a Sáenz en su cargo.
El máximo órgano de gobierno de Banco Santander, tras tener conocimiento de la sentencia en la que se confirma la condena de la Audiencia Provincial de Barcelona a Sáenz en relación con una actuación de recuperación de créditos por Banesto en el año 1994, y "desde el máximo respeto a las decisiones judiciales", ha optado por ratificarle "su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones", según recoge el comunicado.
Los consejeros de Santander han tomado esta decisión tras tener constancia de que Alfredo Sáenz pedirá el indulto al Gobierno y recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional. A la espera de que estas dos magistraturas se pronuncien al respecto, el banquero solicitará a la sala de la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la sentencia.
El banquero pide la suspensión de la sentencia, que le inhabilita tres meses, hasta que falle el Constitucional
El origen de este proceso se remonta a 1994, cuando Banesto presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) por las empresas que representaban, del grupo Harry Walker. El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro empresarios.
El argumento que utilizará el equipo legal de Alfredo Sáenz en su recurso ante el Constitucional es que durante el proceso judicial se ha vulnerado su derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 24 de la Carta Magna. Según su defensa, su participación en los hechos imputados no fue convenientemente demostrada.
El Tribunal Supremo ha condenado con la misma pena que a Sáenz a otros dos imputados en la causa: al antiguo directivo de Banesto Miguel Ángel Calama y al letrado Rafael Jiménez de Parga. Todos ellos deberán pagar una multa de 400 euros frente a la de 100.000 euros impuesta por la sentencia anterior. Calama, director general de Caja Rural de Ciudad Real, también fue ratificado en su cargo ayer por el consejo rector de la entidad.
Tres argumentos para solicitar la medida de gracia al Ejecutivo
De acuerdo con fuentes del grupo Santander, los asesores legales de Alfredo Sáenz basarán su petición de indulto al Gobierno en tres razones: justicia, equidad y utilidad pública, todas ellas recogidas en la Ley del Indulto, que data de 1870.En primer lugar, el banquero considera que su notable trayectoria profesional se vería "injustamente truncada" si, como consecuencia de la imposición de una pena leve, tuviera que dimitir.En segundo lugar, la larga duración del procedimiento judicial, que se ha prolongado más de 16 años, hace que se vulnere el principio de equidad, según los asesores de Sáenz.En último término, el banquero esgrimirá que la imagen internacional de la banca española y su estabilidad resultarían dañadas si se ejecuta la sentencia, con lo que sería de utilidad pública no aplicarla.
La cifra
400 euros es el importe de la multa que el Tribunal Supremo ha impuesto a Alfredo Sáenz por la comisión de un delito de falsa acusación.
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