Competencia arremete contra la norma de los concesionarios
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó ayer un duro comunicado contra la norma aprobada en la Ley de Economía Sostenible que regula las relaciones entre concesionarios y fabricantes que entró en vigor el sábado. No obstante, el Gobierno presentará, previsiblemente hoy, una enmienda en el Senado que dejará sin efecto la nueva regulación.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) calificó la nueva regulación -fruto de un pacto entre el PNV, CiU y el PP contra el Gobierno- como atentatoria de la libertad de empresa y de la competencia en el mercado de la distribución de automóviles. El organismo afirmó en un comunicado que en última instancia los perjudicados de la nueva relación contractual serán los consumidores. Puso en duda que las modificaciones incluidas en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Economía Sostenible supongan una rebaja del coste de los coches.
Niega de esta manera las tesis defendidas por la patronal de los concesionarios, Faconauto, que cifró en 500 euros el descuento por vehículo que iba aportar la nueva reglamentación. La CNC alega que la reducción del riesgo financiero de los distribuidores, derivada de las nuevas obligaciones que se establecen para los fabricantes, conllevará un mayor coste para estos últimos, con un efecto incierto sobre los precios finales de los coches.
En su informe sobre la nueva norma -que no llegará a aplicarse ni producirá efectos jurídicos gracias a un acuerdo adoptado por el sector-, Competencia sostiene que se reduce la capacidad de autoorganización de las partes, especialmente de los fabricantes, que verán mermada su potestad de organizar su red, limitando la adaptación a la evolución del mercado y de incorporar medidas de eficiencia.
Subraya, igualmente, que limita la competencia entre fabricantes y entre distribuidores de una misma o de distinta red, ya que se homogeneizan las condiciones contractuales y se facilitan eventuales pactos de precios. Además, blinda los contratos existentes y hace "casi infranqueable" el acceso de nuevos agentes a la actividad de distribución.
También precisa que la nueva norma contraviene el espíritu de la reciente reforma comunitaria en materia de acuerdos verticales en el sector de la automoción. De hecho, Bruselas anuló los reglamentos de distribución de automóviles el pasado año.
No están eximidas
Por otro lado, recuerda a los agentes del sector que la nueva norma no les exime de cumplir con las normas de competencia. En particular, puntualiza que las relaciones entre marcas y concesionarios no son de genuina agencia (son concesionarios, una figura comercialmente distinta) a efectos de la aplicación de las normas de competencia.
Refiere también que los contratos realizados en virtud de la nueva norma podrían vulnerar las condiciones para la exención de los reglamentos sobre relaciones verticales, e incluso no beneficiarse de la exención legal a la aplicación de las normas de competencia.
Por último, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ofrece su colaboración al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, encargado de elaborar la Ley de Contratos de Distribución que regulará en un futuro las relaciones entre concesionarios y fabricantes. Y les recuerda que el texto deberá someterse al preceptivo informe de Competencia. El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para aprobar el proyecto y remitirlo a las Cortes.
La aprobación de esta normativa se ha convertido en un culebrón legislativo de difícil solución política. Fruto de una enmienda a la Ley de Economía Sostenida, apoyada por PP, CiU y PNV, se aprobó contra el PSOE. La protestas de las matrices de los fabricantes en España movilizó no solo al Gobierno, sino también a los ejecutivos autonómicos con plantas de automóviles, para buscar una manera de anular la nueva normativa.
A tal fin, el Gobierno presentará, previsiblemente hoy, una enmienda estableciendo que la norma aprobada en la Ley de Economía Sostenible no será aplicable y no producirá efectos jurídicos.
Tres meses más
Futura Ley de Contratos de Distribución
El acuerdo firmado por el Ministerio de Industria y las asociaciones de fabricantes -Anfac y Aniacam- y de los concesionarios -Faconauto y Ganvam- fija en seis meses el plazo para que el Gobierno apruebe y remita a las Cortes el proyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial.
El Gobierno, no obstante, se compromete a presentar en el plazo de tres meses el anteproyecto a las partes.
Fuentes jurídicas destacan que este retraso de tres meses entre el anteproyecto y el proyecto puede complicar su aprobación, pues se pueden cruzar por medio las elecciones generales. Si la tramitación se retrasa, podría disolverse antes el Parlamento.
Enmienda a la Ley sobre Sistemas de Pagos
El diputado del PSOE Félix Larrosa, encargado de dejar sin efecto la disposición adicional 16a de la Ley de Economía Sostenible (LES), confirma a CincoDías que hoy podría presentarse en el Senado una enmienda a la Ley sobre Sistemas de Pagos, siempre que no se prorrogue el plazo de presentación de enmiendas a este texto.La redacción de la enmienda que presentará el grupo socialista coincide con el texto incluido en el acuerdo firmado entre el Gobierno y el sector, que fue oficializado ayer en el Ministerio de Industria. La enmienda (una disposición adicional a dicha ley) consta de tres puntos. El primero deja sin efecto la normativa aprobada en la LES con la fórmula "no será aplicable y no producirá efectos jurídicos".El segundo punto establece que en el plazo de seis meses se remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial.El tercero, determina que, hasta la entrada en vigor de esta nueva ley de contratos de distribución, el Gobierno presentará a las principales asociaciones del sector de automoción un código de buenas prácticas, en el que se contempla la constitución de un comité de seguimiento y resolución de conflictos.Larrosa declara que políticamente todavía no se ha abierto formalmente las negociaciones con el resto de partidos para que apoyen el texto de la nueva enmienda, que dejará sin efecto la norma de la discordia.No obstante, CiU ya ha reconocido públicamente que se equivocó en este asunto y dará marcha atrás. Respecto al PP, todavía no ha declarado su apoyo a la aprobación de la nueva enmienda, aunque fuentes del sector declaran que oficiosamente ha mostrado su buena disposición.