CC OO exige al Gobierno que retire a los Ruiz Mateos la gestión de Nueva Rumasa
El sindicado CCOO ha exigido la intervención del Gobierno para retirar a la familia Ruiz-Mateos la gestión de las empresas de Nueva Rumasa en situación de preconcurso y nombrar a unos administradores judiciales, para evitar la pérdida de empleo en estas compañías, que "aún son viables".
El secretario de la confederación de Acción Sindical y el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Ramón Górriz y Jesús Villar, han abogado por la intervención del Gobierno ya que un "Estado garantista está para anticiparse".
En este sentido, Górriz ha explicado que la "medida cautelar" de retirarles de la gestión, solicitada por el sindicato, tiene como objetivo salvar y mantener los puestos de trabajo, porque, a su juicio, las empresas son viables.
"No podemos esperar a que acaben los trámites judiciales pertinentes, ya que dejar la gestión en manos de las actuales empresas en situación de preconcurso sería aumentar más la crisis", ha apuntado.
Ha recordado que la situación de crisis que se vive en dichas compañías ha conllevado el impago a los proveedores, la paralización de la actividad productiva y consecuentemente la pérdida de clientes.
Por su parte, Jesús Villar ha insistido en que el problema de Nueva Rumasa "no es de tesorería, sino de gestión; se trata de un sistema que han repetido con anterioridad y que acaba en la insolvencia, y que de no pararse puede terminar en una situación de paro total de actividad".
Villar ha reiterado que las empresas de Nueva Rumasa están haciendo daño a la industria agroalimentaria y que al no pagar, ni a la Seguridad Social, ni a la Agencia Tributaria, ni a los proveedores, "hacen competencia desleal".
Ha pedido, además, que se pongan a disposición judicial los "testaferros y administradores de este supuesto grupo empresarial" , algo imprescindible en su opinión para poder salvar los centros de trabajo y que haya operadores fiables, "que estos no lo son".
"Hay que pasar a la ofensiva; no se pueden quedar esperando las comunidades autónomas, ni administraciones locales, ni las estatales, quienes ya han tenido razones poderosas para desconfiar de esta familia", ha añadido.
Villar ha pedido la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos porque hay un entramado de movimientos económicos entre las empresas de Nueva Rumasa que "deben hacer tomar iniciativas de oficio y a instancias de los afectados para quitarles de la administración".
"Este tiempo lo están ganando para deteriorar al límite estas empresas, y si no se adoptan ahora medidas cautelares que les quiten de la gestión llegaremos tarde; si esperamos más tiempo en el preconcurso la situación será muy difícil de superar en estas empresas", ha insistido.
Según Villar, las empresas en preconcurso están descapitalizadas, ya que "el modus operandi del grupo es coger centros de trabajo quebrados, mediante muchas ayudas públicas y poca muy inversión, y al año, si la empresa tiene algún activo, lo hipotecan".
Durante su comparecencia, han recordado la manifestación convocada para el próximo sábado 12 de marzo en Madrid, junto con el sindicato UGT, en protesta por la situación laboral de los trabajadores de las empresas en preconcurso de Nueva Rumasa.