"Nuestro endeudamiento es el que menos ha crecido en el último año"
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, lleva dos legislaturas al frente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Anteriormente ha sido diputado al Congreso por la provincia de Valencia y secretario de Estado de la Seguridad Social
El responsable de las finanzas públicas de la cuarta comunidad más rica de España en términos de PIB defiende las medidas tomadas por su Administración para reducir el déficit presupuestario, asegura que no están impedidos de emitir más deuda y critica la política de subida de impuestos aplicada por el Gobierno de Zapatero.
Los analistas están pidiendo a las comunidades autónomas reformas para recuperar la confianza de los mercados. ¿Qué pueden aportar ustedes en ese sentido?
Las reformas estructurales no corresponde realizarlas a las comunidades autónomas sino al Gobierno de España. Tres son los ámbitos en los que es necesario llevarlas a cabo de forma urgente: en energía, el sistema formativo y el mercado laboral. Desde las autonomías sí que ejercemos un control del gasto, que es lo que venimos haciendo en la Comunidad Valenciana. Además, hemos puesto en marcha, en el ámbito de nuestras competencias, las medidas necesarias para hacer frente a la crisis económica.
"La deuda pública valenciana ha subido en los últimos 12 meses un 12,6% frente al 27,4% del conjunto de regiones"
¿Cuáles, por ejemplo?
En los últimos años hemos llevado a cabo un control del gasto que se ha reflejado en unos presupuestos austeros y realistas, sin por ello disminuir el gasto social. Además, también hemos impulsado una política económica anticíclica para impulsar la recuperación. En materia fiscal no hemos subido los impuestos a los valencianos y hemos aumentado la inversión a través de iniciativas como el Plan de Impulso de la Economía Valenciana, que posteriormente se reforzó con el Plan Confianza.
El Gobierno central pactó con las autonomías que el déficit fiscal de las regiones no debía sobrepasar del 2,4% del PIB en 2010. ¿Cómo cerrará el año su Administración?
En estos momentos no se conocen todavía los datos definitivos de déficit del ejercicio 2010. No obstante, la Generalitat ha sido capaz de reducir en 2010 sus obligaciones reconocidas de forma importante, tal y como está contemplado en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio. Además, con la información disponible al tercer trimestre de 2010, el Ministerio de Economía estimó que el riesgo de incumplimiento de la Generalitat era leve.
El techo fiscal para este año es del 1,3%. ¿Cumplirán el objetivo?
Nosotros presentamos un Plan de Reequilibrio que fue aprobado por el Gobierno central. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Economía reconoció que la comunidad está cumpliendo su Plan de Reequilibrio, de forma que estamos en la senda de la consolidación presupuestaria. Estamos aplicando las medidas actualmente en vigor, además ya hemos tenido en cuenta este escenario a efectos de la elaboración de los Presupuestos para 2011.
¿A cuánto asciende la deuda pública de la Comunidad Valenciana?
A falta de conocer los datos al cierre del ejercicio 2010, que hará públicos el Banco de España a mediados de marzo, el nivel de endeudamiento de la comunidad al 30 de septiembre de 2010 es de 16.365 millones de euros. Y permítame únicamente una reflexión al respecto. La Comunidad Valenciana es la autonomía española en la que menos ha crecido el endeudamiento durante los últimos 12 meses. De hecho, la deuda pública valenciana ha subido durante este periodo un 12,6%, frente al 27,4% que se ha registrado en el conjunto de las comunidades. Además, si un año antes nuestra deuda representaba el 17,2% del total nacional, en septiembre pasó a representar el 15,2%. Con estas cifras queda en evidencia que la gestión económico-financiera que está desarrollando el Consell está contribuyendo a la moderación del endeudamiento y se mantiene en los límites de la contención.
¿Qué porcentaje de esta deuda vence este año y cómo piensan refinanciarla si en noviembre pasado el Gobierno les prohibió emitir más bonos?
Los vencimientos de operaciones a largo plazo previstos para 2011 ascienden a 358 millones de euros, a los que hay que sumar el bono minorista por valor de 1.500 millones que adjudicamos en diciembre del año pasado. Debo aclarar que hasta la fecha no existe ninguna prohibición por parte del Estado para que la Comunidad Valenciana pueda emitir cualquier tipo de deuda, ya sean bonos o préstamos, y en ambos casos tanto a corto como a lago plazo. Además, en estos momentos, la comunidad tiene aprobado por el Ministerio de Economía su Plan Anual de Endeudamiento correspondiente al ejercicio 2010 y además tenemos autorizaciones del Consejo de Ministros de ese año que no hemos agotado.
Cataluña ha reducido un 10% su Presupuesto para 2011. ¿Qué medidas han tomado ustedes para recortar el déficit en sus cuentas?
El Consell ya aprobó en 2010 un Plan de Austeridad, que se incluía en los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio y que contemplaba diversas medidas de control del gasto y un ahorro 308 millones, así como la reorganización del sector público valenciano. Este proceso, que permitirá reducir el sector público de la Generalitat cerca de un 25%, abarcará un horizonte temporal de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2012. Por otra parte, el Consell, además de congelar las retribuciones de los altos cargos del Gobierno regional durante 2008 y 2009, redujo el ejercicio pasado las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat, que continúan siendo las más bajas de España.
¿Y en 2011?
Para 2011, y por segundo año consecutivo, el Consell ha incluido en los Presupuestos de la Generalitat un segundo Plan de Austeridad que nos va a permitir ahorrar 684 millones. Este plan contempla entre sus ejes prioritarios la reducción del gasto corriente, sin comprometer las prestaciones en gasto social, la disminución del 15% del capítulo de gastos de funcionamiento, excepto en gasto social, la disminución de los consumos energéticos, la optimización de los contratos de mantenimiento, la revisión de las subvenciones y transferencias de los capítulos IV (corrientes) y VII (de capital) y la reducción del 30% de las cargas administrativas.
¿Queda margen para más ajustes?
Ya hemos puesto en marcha un programa de ajustes y estamos llevando a cabo un fuerte control del gasto, y ahora es el Gobierno central el que debe avanzar en este sentido. Para las comunidades autónomas es difícil llevar a cabo más ajustes, ya que soportamos el grueso del gasto social, es decir la financiación de la sanidad, la educación y el bienestar social, mientras que el Estado solo es responsable del gasto en prestaciones por desempleo. Por ejemplo, en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana el peso del gasto social se ha ido incrementando año a año, de forma que en la actualidad supone el 83% del total. Además, hace tres años las comunidades autónomas teníamos un déficit del 0,2% del PIB nacional, y en la actualidad ese déficit alcanza el 2%. Por su parte, la Administración general del Estado estaba hace tres años en una situación de superávit y ahora su déficit alcanza el 9,5% del PIB nacional. Es decir, en los últimos tres años las comunidades hemos aumentado nuestro déficit en más de dos puntos, mientras que el Estado lo ha hecho en más de diez. Esto demuestra quién ha gastado más de lo que debía.
Los Presupuestos para 2011 no contemplan subidas de impuestos como las realizadas por Cataluña y otras comunidades. ¿De dónde vendrán los ingresos entonces?
Una mayor presión fiscal no es equivalente a mayores ingresos fiscales, tal y como se ha demostrado en este país. Nosotros apostamos por una política económica y fiscal anticíclica, y esto pasa por no incrementar los impuestos, al contrario de lo que ha hecho el Gobierno central. Esta política ha hecho posible que, hoy por hoy, los valencianos disfrutemos de lo que es ya el más amplio conjunto de beneficios fiscales de todo el Estado. Por el contrario, el Gobierno de Zapatero únicamente ha mantenido una constante, la de incrementar la presión fiscal, sobre la base de que un sistema fiscal solidario debe sustentarse en la subida de impuestos, algo que nosotros no compartimos. La política fiscal del Gobierno trae consigo más coste para los ciudadanos, menos ahorro para financiar las empresas y más paro que hay que subsidiar.
El paro en la comunidad afecta al 23% de la población activa. ¿Qué medidas han tomado para reducirlo?
Hemos puesto en marcha un amplio abanico de medidas para favorecer la creación de empleo, además del desarrollo de políticas activas de empleo en las que han participado más de 600.000 trabajadores. En los últimos meses los indicadores laborales empiezan a mostrar una cierta reactivación. Prueba de ello son los datos de la EPA del último trimestre de 2010, donde, frente al año anterior, el paro aumenta en España mientras disminuye en la Comunidad Valenciana y el País Vasco. En el último trimestre se han creado cerca de 11.000 empleos netos en nuestra región, sobre todo en la industria, donde la ocupación ha crecido un 3,62% en el último año.
"En materia de financiación no caben diferencias ideológicas ni políticas"
El anuncio a comienzos de mes del presidente de Cataluña, Artur Mas, de que La Moncloa permitiría a esta comunidad endeudarse antes de estar aprobado su plan de saneamiento irritó al resto de autonomías, que se sintieron discriminadas. Una de ellas fue la valenciana."En materia de financiación autonómica no caben diferencias ideológicas ni estrategias políticas", dice Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalitat Valenciana. "La sanidad, la educación y el bienestar social son los pilares básicos de la cohesión social", añade.Asimismo, sostiene que los mismos principios de igualdad, corresponsabilidad y solidaridad interterritorial que deben regir la financiación autonómica deben aplicarse también a las inversiones que realiza el Estado en las comunidades, especialmente en infraestructura.El tema viene a cuento porque hace poco el Gobierno de Zapatero desbloqueó las inversiones estatales en infraestructuras en Cataluña, cumpliendo una polémica disposición del Estatuto catalán que vincula estas al peso de su economía en el PIB nacional (18%). "Estas inversiones son básicas y necesarias para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo", recuerda Camps. "En ese sentido, las comunidades que estén en los mismos supuestos de hecho deberían recibir una inversión estatal homogénea que garantizase la cohesión territorial", sostiene.