Las comunidades han dejado de ingresar 10.500 millones por la crisis inmobiliaria
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria también se ha dejado sentir en las cuentas de las comunidades autónomas.
Desde 2007 dejaron de ingresar 10.500 millones de euros correspondientes a la recaudación procedente del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y de actos jurídicos documentados (AJD). Y el más afectado fue el ITP, que grava la compraventa de inmuebles de segunda mano, con un recorte de 6.000 millones en ese periodo. "Al menor número de transmisiones se le ha unido el desplome del precio de esos inmuebles", apuntó ayer Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) durante la presentación del Panorama de fiscalidad autonómica 2011. Entre las más afectadas se encuentran Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, que recaudaban la mitad del total de los ingresos por este tributo y que los han visto recortados por encima de un 50% en esos tres años.
Para compensar esa menor recaudación, las comunidades autónomas han elevado los tramos autonómicos del IRPF, ITP y AJD y han creado tributos propios con los que enjugar el agujero de la crisis inmobiliaria. De este modo, Asturias, Baleares, Galicia o Murcia gravan a partir de este año los premios del bingo, Andalucía o Asturias las tierras infrautilizadas, mientras que Cataluña, Asturias o Aragón lo hacen con los grandes establecimientos comerciales.
Esa última vía, sin embargo, apenas aporta a las arcas autonómicas 1.122 millones de euros, lo que supone un 1% del total de lo recaudado. De hecho, Sanmartín expuso que en un gran número de casos, la creación de esos tributos ha supuesto un contratiempo económico para las comunidades, ya que los gastos de gestión derivados de los mismos han superado la recaudación que de él se obtenía. Así ha ocurrido en el caso de Madrid, que ha optado por eliminar el impuesto sobre los premios del bingo, o en el de Extremadura, que ha suprimido el impuesto sobre el suelo sin edificar e inmuebles ruinosos.
Críticas a la disparidad normativa
Sanmartín se mostró muy crítico con la disparidad normativa de las comunidades autónomas a la hora de modificar los impuestos. "No las criticamos porque legislen, sino porque cada vez hacen más difícil a través de las continuas modificaciones que hacen de los tributos, en muchos casos de forma atropellada". Estos cambios han provocado que una familia con dos hijos y unos ingresos menores a 43.000 euros pague 630 euros en Castilla y León (donde se bonifica con 1.100 euros el gasto de guardería) o 3.540 en Aragón, donde no hay deducciones por escolaridad, guardería o hijos.