PSOE y PP rechazan que la entrega del piso salde la deuda hipotecaria
El PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar una proposición de ley de IU-ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades a aceptar que, con la entrega de la vivienda, sea suficiente para cancelar el préstamo.
Ambas formaciones aseguraron que la iniciativa, que también demandaba el reconocimiento del derecho subjetivo y "judicialmente exigible" de todos los ciudadanos a una vivienda, vulneraba las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, un argumento que también esgrimieron CiU y PNV para justificar su abstención.
La iniciativa, derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones, contemplaba también la "prohibición de cláusulas abusivas" en los contratos, como la imposición de intereses "moratorios" superiores a los "remuneratorios", los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario. En este sentido, Adicae denunció ayer que miles de consumidores están pagando en su hipoteca un tipo de interés un 250% superior al que correspondería legalmente a causa de las cláusulas suelo de los créditos a la vivienda, según informó en un comunicado.
La asociación explicó que la documentación de los contratos ha puesto de manifiesto que muchas entidades fijaron cláusulas suelo del 5%, por lo que los hipotecados no se han beneficiado de la bajada del euríbor y están pagando tipos de interés muy elevados. Hasta en un 50% de los casos ese suelo está fijado en niveles superiores al 3,5%, asegura esta asociación.
Un juez pide que el TC intervenga
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Constitucional que analice la posible inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias, ya que estos procesos impiden analizar la posible nulidad de esos préstamos o su potencial "carácter abusivo". En su auto, el juez Guillem Soler critica que estos procedimientos no permitan un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder "de modo automático a la subasta del bien inmueble, aunque se trate de la vivienda habitual del ejecutado".