España fomentará con salario el fichaje de profesionales extracomunitarios

El borrador del reglamento de Extranjería incorpora al ordenamiento jurídico la directiva europea sobre la tarjeta azul. Este visado especial lo podrán obtener los trabajadores no comunitarios con estudios superiores o con un mínimo de cinco años de experiencia laboral relacionada con la actividad. Su sueldo deberá ser al menos 1,5 veces el salario bruto anual medio para su categoría.

La filosofía de la regulación de los flujos de trabajadores es sencilla: las empresas solo podrán contratar en origen a ciudadanos no comunitarios cuyo perfil no pueda ser cubierto por el mercado laboral. Esa es la premisa subyacente en el borrador del reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de 2000, que cuenta desde el lunes con el visto bueno de los agentes sociales y que se presentó el martes a las autonomías y ayer al Consejo General de la Abogacía.

Una de las novedades que aporta el texto es la integración en el ordenamiento jurídico de la directiva europea sobre la tarjeta azul. æpermil;sta facilita el tránsito entre los países de la UE de trabajadores extracomunitarios de alta cualificación. Es la respuesta europea a la tarjeta verde de EE UU, que permite vivir y trabajar permanentemente en el país.

Se incluirá dentro de esta categoría a los trabajadores con estudios superiores o con cinco años de experiencia relacionada con la actividad en cuestión. Las tarjetas azules tendrán una duración inicial de un año y se renovarán por bienios. Al cabo de 18 meses de su expedición, el portador de la tarjeta podrá trabajar libremente en otros países comunitarios.

Los agentes sociales reforzarán su participación en el control de los contingentes

Asimismo, el sueldo mínimo de estos trabajadores deberá ser de 1,5 veces el salario bruto anual medio para su categoría, que a su vez dependerá de la actividad y la localidad. La cantidad podría ser menor (1,2 veces el salario bruto anual medio) "siempre que se adapte al convenio colectivo aplicable" para aquellas profesiones "en las que haya una necesidad particular de trabajadores nacionales de terceros países".

Estas profesiones se incluyen en los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura, que elaboran la Dirección General de Inmigración junto con la Comisión laboral tripartita (Gobierno, sindicatos y patronal). En el del primer trimestre de 2011 predominan especialidades médicas e ingenierías. Dichas listas establecen qué tipo de profesionales se puede contratar en origen por falta de oferta en el mercado laboral español.

Más allá de la inclusión de la tarjeta azul europea, el borrador del reglamento introduce algunas mejoras de funcionamiento a un sistema que, según fuentes sindicales, gubernamentales y empresariales, ya funcionaba bien.

Las comisiones tripartitas reforzarán su control sobre los contingentes de contrataciones en origen, que aprobará en última instancia el Gobierno. Los empresarios que tengan abiertos procesos de suspensión de contratos (excedencias, etcétera) podrán contratar extranjeros, siempre que lo permita la situación nacional del empleo. Se aumenta, eso sí, de 30 a 35 días el tiempo que se debe ofertar un puesto de trabajo antes de recurrir a la contratación fuera del país.

Entre convenios y catálogos de ocupaciones

Según fuentes conocedoras de las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y los agentes sociales, las partes no tuvieron mayores problemas para llegar a un consenso sobre el borrador del reglamento.Con todo, el Ejecutivo tenía la intención de que el borrador de Extranjería trasladase de las provincias a las comunidades autónomas el ámbito geográfico de los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura.Dichos catálogos, en cuya elaboración participan patronal y sindicatos, fijan qué perfiles profesionales se pueden contratar en el extranjero a partir de la disponibilidad o no de desempleados que puedan acometer las tareas en cuestión.La idea no gustó demasiado ni a patronal ni a sindicatos, ya que tanto sus respectivas estructuras como los convenios colectivos están organizados en torno a las provincias. Unos convenios, por cierto, cuya columna vertebral está ahora mismo en proceso de revisión. Finalmente, el borrador no ha tocado la división provincial de los catálogos.

La cifra

1,777 millones de extranjeros estaban afiliados a la Seguridad Social en España a enero de 2011.