La crisis de Nueva Rumasa

Ruiz-Mateos culpa a RBS de provocar la situación preconcursal de su grupo

La familia Ruiz-Mateos ha solicitado amparo concursal para 10 de sus compañías, entre ellas Clesa, Dhul o el club de fútbol Rayo Vallecano. José María Ruiz-Mateos culpa a Royal Bank of Scotland de haber provocado esta situación por no haber querido refinanciar un crédito de menos de 30 millones de euros "de un día para otro".

Ruiz-Mateos culpa a RBS de provocar la situación preconcursal de su grupo
Ruiz-Mateos culpa a RBS de provocar la situación preconcursal de su grupo

Si no fuera porque tengo fe me pegaría un tiro", manifestó ayer José María Ruiz-Mateos en la primera rueda de prensa que el empresario ofrece en años. La familia Ruiz-Mateos convocó ayer a los medios de comunicación en un hotel situado en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo (Madrid), para explicar las razones por las que ha solicitado amparo concursal para diez de sus compañías.

Las 10 empresas controladas por la familia Ruiz-Mateos se han acogido al punto 5.3 de la Ley Concursal, lo que les permite negociar un convenio de acreedores durante un periodo máximo de cuatro meses evitando en ese plazo que un acreedor pueda instar su concurso. Las empresas que se encuentran ahora en esa situación son el grupo lácteo Clesa; el club de fútbol Rayo Vallecano; las bodegas Garvey; la hotelera Hotasa; el fabricante de flanes Dhul; los chocolates Elgorriaga; la empresa avícola Hibramer; la empresa de bombones Trapa; Carcesa, la empresa que elabora el paté Apis y Quesería Menorquina.

José María Ruiz-Mateos acudió a la rueda de prensa arropado por seis de sus hijos y cerca de 20 de sus empleados, que se situaron detrás de la familia. El empresario cargó contra el banco Royal Bank of Scotland por "no refinanciar un crédito de 27 millones de euros de un día para otro, a pesar de que estaba avalado por un activo inmobiliario valorado en más de 70 millones de euros", dijo. "Un banco que ha ganado en España mucho dinero y que ahora está negociando la venta de su cartera inmobiliaria", añadió. Además culpó de la situación actual de sus compañías a determinados medios de prensa "que han contado solo lo negativo, y han llamado a las ocho de la tarde para confirmar informaciones", dijo.

En opinión de Ruiz-Mateos, ese tipo de informaciones podría haber provocado que "un acreedor confundido" instara el concurso de las compañías, por lo que se ha visto obligado a solicitar el amparo concursal. También manifestó sentirse "decepcionado" con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que, dijo "he escrito tres cartas" y con la dirección de la Seguridad Social. "No entiendo por qué el director de la Seguridad Social habla de una empresa privada cuando jamás lo hace, y no habla del coraje que hemos tenido todos estos años para no despedir a nadie", subrayó.

La familia asegura que el grupo cuenta con activos valorados en 6.000 millones de euros y que la deuda asciende a 700 millones. Además, destacaron que están en negociaciones con un grupo inversor para incorporarlo como socio. Este tomaría una participación minoritaria aún por determinar e inyectaría capital en el grupo, con una aportación inicial que podría rondar los 500 millones de euros, aseguraron.

El jefe de comunicación de Ruiz-Mateos trató ayer en varias ocasiones de concluir la rueda de prensa, pero José María Ruiz-Mateos le increpó diciendo que si hacía falta "estamos aquí hasta la madrugada". El empresario fue preguntado por la situación de los inversores particulares que han depositado sus ahorros en sus compañías: "Que nadie piense que no se le va a devolver su dinero, sería una persona repudiable de no hacerlo", declaró. Uno de sus hijos explicó que los inversores podrían sacar su dinero a la fecha de vencimiento acordada por contrato. Ruiz-Mateos atajó la respuesta: "Sí, se les devolverá el dinero", aseguró.

28 años después de la nacionalización

En 1983, el Gobierno de Felipe González anunciaba la nacionalización de Rumasa. El grupo Rumasa estaba compuesto por entonces por más de 700 empresas, con una plantilla que alcanzaba las 60.000 personas, y una cifra de negocio de 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Después de la expropiación, fue reprivatizada por partes.

Los motivos aducidos por el Gobierno para la expropiación son la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo y de sus sociedades, así como la obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España. También se adujeron los grandes riesgos asumidos por los bancos que financiaban al grupo y la desatención a las llamadas de las autoridades monetarias a la prudencia en las inversiones. También le penalizó la espiral de adquisiciones e inversiones del grupo. Solo con la Seguridad Social la deuda ascendía a 350.000 millones de las antiguas pesetas.

La expropiación del grupo Rumasa desencadenó una cascada de demandas de la familia jerezana contra la Administración para pedir la nulidad de la decisión del Gobierno y la reversión de las empresas.

El Tribunal Constitucional resolvió que la expropiación era constitucional en el año 1991. La justificación aportada por el Gobierno para tomar la decisión de expropiar fue que Rumasa estaba en riesgo de quiebra, y que la conservación de los puestos de trabajo que tenía por entonces el grupo exigía una intervención por parte del Estado.

Nueva Rumasa. Datos aportados por el grupo

Facturación: 1.400 millones de euros.

Patrimonio: valorado en 5.900 millones por "expertos independientes".

Deuda bancaria: 700 millones.

Facturación estimada en 2010 de la división alimentaria: 1.013 millones.

Valoración de marcas: 1.510 millones.

Valoración patrimonio inmobiliario: 2.692 millones.

Presupuesto publicidad: 35 millones.