El Tribunal de la UE desbloquea definitivamente el conflicto del carbón
El Tribunal de la Unión Europea ha desbloqueado la aplicación del real decreto del Gobierno que obliga a producir electricidad con carbón nacional. El auto judicial niega las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas, que ya habían desistido, y por la Xunta de Galicia, que las mantenía.
El régimen de ayudas públicas a la producción de electricidad con carbón nacional puede ponerse por fin en marcha, casi un año después de que el Gobierno español aprobara un primer real decreto y cinco meses después de que la versión definitiva recibiera el visto bueno de la Comisión Europea.
El plan quedó paralizado, entre otras razones, por los recursos presentados ante el Tribunal de la Unión Europea contra ese dictamen de la Comisión por parte de la las compañías eléctricas afectadas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) y por la Xunta de Galicia.
Los cuatro recursos lograron el pasado mes de noviembre la suspensión preliminar del visto bueno y, por tanto, frenaron la aplicación de las ayudas. Pero el presidente del Tribunal General de la UE, Marc Jaeger, ha levantado esas medidas cuatelarísimas y denegó la suspensión cautelar reclamada por la Xunta, la única de las partes que mantiene su recurso. Jaeger considera que ni las empresas ni la comunidad autónoma "han demostrado la existencia de circunstancias que creen una urgencia que justifique la concesión de las medias provisionales solicitadas".
Los autos del juez señalan, en concreto, que las eléctricas no han demostrado que los supuestos perjuicios económicos que sufrirán sean irreparables o pongan en peligro su viabilidad. La Xunta, por su parte, ni siquiera intentó demostrar, según el juez, que las centrales térmicas de carbón de importación que supuestamente cerrarán como consecuencia de la competencia del carbón representen un sector crucial para la economía gallega.
Los autos suponen una victoria para el Gobierno, pero éste mantiene una espada de Damocles sobre el decreto y el papel de la Comisión en su tramitación. El juez cree que Bruselas debería haber sometido el Decreto a una investigación en profundidad antes de autorizarlo. El recurso de la Xunta, mientras siga en pie, le ofrece la oportunidad de dictar sentencia al respecto.