Ernst & Young tendrá que indemnizar a un millar afectados por la quiebra de PSV
El Tribunal Supremo ha condenado a la auditora Ernst & Young a pagar a casi 1.000 afectados por la quiebra de la cooperativa PSV los sobrecostes que tuvieron que abonar para continuar la construcción de sus viviendas con otras nuevas cooperativas.
La Sala de lo Civil del Supremo ha estimado así el recurso de los perjudicados, cuyas peticiones habían sido rechazadas tanto por el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid como por la Audiencia Provincial de Madrid.
Los magistrados del alto tribunal, que dictaron una sentencia similar en octubre de 2008, apoyan la tesis de que los deficientes informes de auditoría realizados por Ernst & Young impidieron a los cooperativistas reaccionar ante la mala administración a la que estaba siendo sometida PSV, que se declaró en suspensión de pagos en diciembre de 1993.
La sentencia, en la que ha actuado como ponente el magistrado José Ramón Ferrándiz Gabriel, afirma en concreto que sí existe nexo de causalidad entre la negligencia de los auditores y el daño sufrido por los cooperativistas. Además, recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid "declaró probado que los auditores cumplieron deficientemente su prestación profesional, por negligencia".
El Supremo señala además que los auditores deben responder por los perjuicios causados "no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de su prestación, sino también frente a los terceros que entren en relación con la sociedad auditada", como establece una directiva comunitaria de 2006.
La indemnización que se deberá pagar a los casi 1.000 perjudicados tendrá que ser abonada de forma solidaria por Ernst & Young, por el auditor que realizó los informes (José María Fernández Rodríguez) y por la aseguradora Allianz.
El Supremo ya responsabilizó en octubre de 2008 a Ernst & Young de los daños que sufrieron los afectados por la quiebra de la cooperativa y condenó a la firma, al auditor y a la aseguradora AGF Unión Fénix (hoy en día integrada en Allianz) a compensar a un grupo de 700 personas con cerca de 5 millones de euros.
El "caso PSV" fue uno de los escándalos inmobiliarios más importantes de España en la década de 1990 y saltó a la luz en 1993, cuando la cooperativa suspendió pagos, afectando a cerca de 19.000 cooperativistas.
En octubre de 2003, el Tribunal Supremo eximió a UGT del pago de la indemnización de 78,13 millones de euros por su responsabilidad civil subsidiaria en el caso PSV, al tiempo que confirmó la condena de dos años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional al director de la cooperativa de viviendas PSV, Carlos Sotos.