Exigen equilibrio económico

Ploder, Globalvía y tres cajas de ahorros llevan a Fomento a la Audiencia Nacional

La escasez de tráfico en la autopista murciana Cartagena-Vera, concesión compartida entre Ploder, Globalvía, CAM, Cajamar y Bancaja, ha motivado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra Fomento. Los accionistas de la concesionaria Aucosta demandan el equilibrio económico de una vía de peaje que está un 70% por debajo del tráfico que el Gobierno estimó en 2004 durante su adjudicación.

Ploder, Globalvía y tres cajas de ahorros llevan a Fomento a la Audiencia Nacional
Ploder, Globalvía y tres cajas de ahorros llevan a Fomento a la Audiencia Nacional

Al Ministerio de Fomento se le empieza a amontonar el trabajo en los tribunales. Tras ser llevado ante el Supremo por la sociedad concesionaria de la autopista AP-41 (Madrid-Toledo), participada por Comsa, Azvi, Sando y Espírito Santo, otro grupo de empresas ha decidido acudir a la vía legal para tratar de salvar otra concesión en riesgo de quiebra.

La infraestructura en cuestión es la autopista Cartagena-Vera, gestionada por la concesionaria Aucosta y con la constructora en concurso Ploder (51%), la concesionaria Globalvía (35,7%), Bancaja, CAM y Cajamar (13,3% restante) como principales accionistas. Según ha podido saber CincoDías, estas han decidido presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de José Blanco, en la Audiencia Nacional, en busca de compensaciones por la escasez de clientes en sus cabinas de peaje.

La Audiencia es conocida por tratar delitos relacionados con el crimen organizado, como terrorismo, narcotráfico o falsificación de moneda. Pero también tiene competencias en materia contencioso-administrativa en recursos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado.

En España tres problemas graves están hundiendo a un ramillete de autopistas con concesión administrativa: sobrecostes por expropiaciones, sobrecostes por construcción y falta de tráfico. A la Cartagena-Vera le afectan los dos últimos. En Murcia se conoce a esta arteria mediterránea como la autopista fantasma. Y no es para menos. Las fuentes consultadas estiman que en 2010 Aucosta ha cerrado en un 30% del tráfico que calculaba Fomento para el pasado ejercicio. La carretera, de 114 kilómetros (incluida la circunvalación de Cartagena) fue adjudicada en 2004 por 38 años.

Tras una inversión de 646 millones, entró en servicio en marzo de 2007, pero el parón inmobiliario -que se ha cebado especialmente con el área de Levante-, y la propia crisis económica, han tirado por tierra las previsiones de tráfico e ingresos presentes y futuras. Esas estimaciones eran parte del contrato concesional y las adjudicatarias piden compensaciones a largo plazo por su incumplimiento.

Aucosta agotó otras vías antes de acudir a la justicia. En julio, por ejemplo, presentó una reclamación de reequilibrio económico-financiero ante Fomento. Pasaron tres meses sin respuesta y los abogados recomendaron el paso a los tribunales por la situación de silencio administrativo.

Petición a Blanco para salvar los tres próximos años

Mientras Aucosta busca en los tribunales las compensaciones de Fomento por la falta de tráfico, la misma concesionaria reclamó en enero al ministerio de José Blanco una cuenta de compensación para salvar la escasez de ingresos en los tres próximos años. La Cartagena-Vera es una de las elegidas por el Gobierno para consignar anualmente en la citada cuenta de compensación la diferencia entre la facturación por peaje de haberse logrado el 80% del tráfico previsto en el plan económico-financiero y los ingresos por el tráfico real.

Pero la solución está limitada a tres años, a la disponibilidad presupuestaria fijada por Fomento (80,1 millones en 2011) y a que la cantidad a consignar anualmente en la cuenta no supere el 49% del importe resultante de sumar a los ingresos anuales por peaje la propia cantidad a consignar.

Punto de desacuerdo

Cuando se confió la construcción de la Cartagena-Vera al sector privado, se estimó un coste de 586 millones de euros. Al término de las obras, la cifra se acercó a los 650 millones, pero Fomento parece reacia a reconocer el sobrecoste.