La Xunta y el PP desoyen la petición de Sebastián de desbloquear la crisis del carbón
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ambos del PP, han hecho oídos sordos al ofrecimiento del ministro de Industria, Miguel Sebastián, para reunirse y tratar del desbloqueo del real decreto de ayudas al carbón nacional. El pasado fin de semana el ministerio anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de estas ayudas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa retiraran la semana pasada los recursos que mantenían en el Supremo y el Tribunal de Luxemburgo contra dicho decreto, pero infravaloró el papel del Gobierno gallego, que mantiene los suyos en las dos instancias, lo que impide, de momento, resolver el conflicto.
El viernes por la noche, Industria firmó un acuerdo con los sindicatos y la patronal Carbunión, por el cual, los primeros abandonaban sus movilizaciones; las empresas retiraban los ERE que afectan a un 60% de la plantilla y el ministerio aplicaba el real decreto. Un compromiso que no dependía de la voluntad de Sebastián, sino de la retirada de "todos" los recursos judiciales, no solo los de las eléctricas.
El pago del lucro cesante que Industria aprobó en enero para las plantas perjudicadas por las ayudas al carbón nacional (las de gas y las de carbón de importación que son expulsadas del mercado) favorece a las eléctricas, pero no a los intereses gallegos: aquellas cobrarán por tener las centrales paradas, pero el empleo indirecto que la Xunta defiende en las dos plantas de importación de su territorio no se garantiza.
Por el momento, Industria tiene previsto publicar hoy en el BOE una resolución, por la cual, las eléctricas deben firmar sus cartas de compromiso de compra de carbón nacional por un precio y cantidades determinadas. Para firmarlas (con Carbunión) tienen un plazo de tres días tras la entrada en vigor de dicha resolución.
Esto supondría el desembolso de un dinero que serviría para pagar las nóminas de los mineros. Pero el real decreto, que obliga a generar electricidad con dicho carbón, no se podrá aplicar hasta que la Xunta no levante las medidas cautelares que pesan sobre las ayudas de Estado autorizadas por la Comisión Europea, con las que se pagará dicha producción.