¿Es suficiente privatizar el 30% de Loterías?
El director general de Loterías defiende la privatización parcial del organismo público y los expertos apuestan por dejar el sector del juego solo en manos de operadores privados.
La inminente privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) centró el desayuno organizado por CincoDías alrededor del sector del juego. El debate contó con la presencia del director general de LAE, Gonzalo Fernández, que será quien gestione el proceso de privatización. Fernández quiso dejar claro desde el principio que la entrada del sector privado en el organismo público no responde a la necesidad de obtener ingresos a corto plazo sino que supone la consecuencia de un "proceso natural".
El resto de participantes celebró la liberalización. "Es importante reflexionar acerca de cómo eran Repsol o Telefónica cuando eran públicas y lo que han llegado a ser gracias a las privatizaciones", apuntó Rafael Pampillón, director del Área Económica del Instituto de Empresa. Aun así, los expertos criticaron ciertos puntos del proceso iniciado por el Gobierno. Por ejemplo, José Martí Pellón, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) defendió que se traspasase el 100% de la compañía al sector privado.
Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, comparte la misma visión y lamentó que el Gobierno no anunciara que la privatización del 30% suponía solo el primer paso de un proceso liberalizador más ambicioso.
Sin embargo, el real decreto convalidado por el Congreso en diciembre, en el que se fija la venta de Loterías y Apuestas del Estado, incluye en la exposición de motivos que el Estado mantendrá el 51% de la compañía. Dicho de otra forma, el Ejecutivo ha lanzado un mensaje a los inversores en el que asegura que el sector privado no controlará una de las mayores empresas en España que aún siguen en manos públicas.
"Esa señal que se emite es negativa. Un particular lo último que quiere ver es que el Estado tenga el 51% de la compañía en la que invierte", incidió Martí Pellón. Pero para el director general de LAE "un accionista minoritario se siente más tranquilo y cuenta con más garantías si el 70% de LAE sigue perteneciendo al Estado". Si bien aún no se ha decidido qué mecanismo se utilizará para privatizar Loterías, Fernández aseguró que la salida a Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV) parece uno de los caminos más factibles.
Aun así, todavía no hay respuesta a la pregunta del millón: ¿Qué valor tiene el 30% de LAE y cuánto ingresará el Gobierno por su venta? Gonzalo Fernández argumentó que aún es pronto para ofrecer una cifra, entre otros motivos porque LAE sigue siendo una entidad pública empresarial y antes de que acabe marzo debe convertirse en una sociedad estatal. Algunos expertos apuntan que el Estado se embolsará entre 4.000 y 5.000 millones de euros por la privatización parcial.
Fernández recordó que muchas previsiones no tienen en cuenta que, actualmente, Loterías no paga el impuesto sobre sociedades, algo que cambiará cuando se convierta en sociedad estatal y pase parcialmente a manos privadas. Es decir, los beneficios de la entidad, que rondan los 3.000 millones de euros anuales, tributarán al 30%. En cualquier caso, los economistas presentes en el desayuno insistieron que el veto a liberalizar el 100% de LAE penalizará el precio de salida a Bolsa. Fernando Eguidazu argumentó que, en una empresa privada, el inversor y el equipo directivo comparten el mismo objetivo, "obtener beneficios", algo que no siempre sucede cuando las compañías son públicas.
Martí Pellón, de la Universidad Complutense, añadió que el 30% de LAE valdría mucho más si el inversor tuviera la seguridad de que en el futuro se incrementaría el porcentaje de venta al sector privado. Además, recordó que una compañía pública en Bolsa goza de mayor discrecionalidad a la hora de repartir dividendos. Ello, siempre según Martí Pellón, no ocurre en una empresa privada que tenga un flujo de caja tan elevado como el que registra Loterías.
Fernández defendió que si Loterías y Apuestas del Estado sale a Bolsa el inversor conocerá la política de dividendos con suficiente antelación. "Aunque esto siempre puede cambiar", matizó Pampillón, del Instituto de Empresa.
En cualquier caso, el Gobierno, de momento, no se plantea ir más allá de la privatización del 30%. Es decir, LAE busca socios financieros, no industriales, reiteró Fernández. "Una prima de control tiene interés para el inversor industrial, pero en el caso de la privatización de Loterías lo que buscamos son socios financieros, que persiguen un dividendo. Estos lo que valoran es la historia de la empresa, cómo funcional, qué riesgos tiene; y a este tipo de inversor, la prima de control no le importa. Al contrario, lo que le interesa es que haya una continuidad en la gestión que le dé garantía", recalcó el responsable de LAE.
En este sentido, Fernández descarta que el capital riesgo sea el principal interesado en participar en la privatización, ya que el control de la futura sociedad permanecerá en manos estatales. Una opinión que respalda José Martí Pellón. "El capital riesgo participará si LAE se saca a Bolsa en su mayoría, ya que a este lo que le interesa es gestionar mayorías en empresas consolidadas".
Por otra parte, el director general de LAE recordó que el Gobierno se plantea ofrecer acciones y participaciones a la red comercial cuando la compañía salga a Bolsa. Una medida que no convence a Rafael Pampillón, que consideró que no hay ningún motivo para que "los loteros reciban un trato especial". Pampillón recordó que, en el proceso de privatización de Tabacalera -hoy Altadis, en manos del gigante británico Imperial Tobacco- el Gobierno también propuso crear un tramo preferente para los estanqueros, algo que rechazó el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Si bien los dictámenes de este organismo no son vinculantes, el Ejecutivo, en aquella ocasión, dio marcha atrás.
No solo el futuro del capital de LAE es materia de discusión, también la naturaleza de la presencia del Estado en el negocio de la lotería. "Nació con un objetivo exclusivamente recaudatorio", apuntó Eguidazu. "Había una actividad, la del juego, que no estaba regulada y entonces el Estado vio que podía aprovecharlo como fuente de ingresos para las arcas públicas", explicó el vicepresidente del Círculo de Empresarios. "Desde entonces, la justificación de fondo es que ha sido una fuente de recaudación fiscal y se ha acabado convirtiendo en una especie de dogma y casi no se concebía que fuera privada por puro arrastre histórico, pero ahora este dogma se rompe", adelantó.
El director general de LAE reconoce que históricamente el Estado ha prestado servicios que, en algunos casos, no eran esenciales. "Pero, en esos casos, en un determinado momento se han producido procesos evolutivos que han forzado a la liberalización", justifica.
Una liberalización que supondrá unos ingresos extra para el Estado. La cuestión es a qué irán destinados. Según Pampillón, "la venta de activos del Estado debería llevar a redimir pasivos". Y recordó que la liberalización tendrá un segundo efecto positivo, ya que permitirá generar más ingresos fiscales, gracias a los impuestos que aportarán los nuevos operadores.
Sin embargo, no todos los participantes en el encuentro creen que la privatización parcial de Loterías se ha comunicado a la opinión pública de la forma más adecuada a los intereses del Ejecutivo. "Las privatizaciones pueden ser para obtener recursos o para que el Estado abandone sectores donde no hay razones suficientes para que permanezca", argumentaba Fernando Eguidazu. "Personalmente, a mí me gusta que se privatice por ese segundo motivo, pero a la opinión pública se le ha trasladado lo primero, que se está vendiendo porque se necesita dinero, y me alegro de que no sea así".
El responsable de LAE insistió en que la privatización en ningún momento se lleva a cabo por un afán recaudatorio. "Este proceso no es una improvisación para obtener recursos, porque la reforma del sector está sobre la mesa desde el año 2006".
La nueva regulación del juego, que está apunto de pasar por el Consejo de Ministros, también supondrá un respiro para las comunidades autónomas. El 100% de los impuestos que se recauden a través del juego online -que hasta ahora ha operado al margen de la legalidad- irá a parar directamente a las arcas autonómicas, que aún pueden salir más beneficiadas.
El Anteproyecto de Ley del Juego deja la puerta abierta a que las comunidades puedan aumentar esta fiscalidad dentro de su territorio hasta un 20%. Aunque esta posibilidad puede cambiar en la tramitación parlamentaria de la futura ley.
Las Administraciones. Continuidad y mentalidad de empresa
Ante la privatización de LAE, la continuidad de la red de administraciones de loterías se ha puesto en duda. "Hemos puesto en marcha una reordenación jurídica de la red comercial", explica Gonzalo Fernández Rodríguez. "Les proponemos un nuevo contrato mercantil, para darles un mayor carácter empresarial, que tendrá ventajas. Hasta ahora los titulares de las administraciones tenían que ser personas físicas, ahora también podrán ser jurídicas", asegura el director general de LAE. "Desaparecerá la relación de dependencia frente a la Administración y les ponemos un fondo de comercio que no tenían. Hasta ahora no podían vender su negocio, y con la nueva ley, si les interesa, podrán vender".Fernández asume la posibilidad, aún por definir, de permitir a los loteros un pequeño porcentaje de la futura sociedad una vez se decida cómo será la privatización. Además, descarta que los puestos de trabajo estén en duda. "Hemos aportado normativamente las suficientes garantías para que se sientan cómodos y llevamos unos años en que el trabajo de dialogo y la proyección de nuestra gestión ha sido coherente", recalca.
Juego online. Evitar el fraude y proteger al consumidor
La nueva ley del juego, que lleva gestándose desde hace cuatro años, va a ser clave para evitar que operadores online utilicen la red para hacer negocio al margen de la legalidad. "Tendrán que cumplir unos requisitos técnicos", asegura el director general de LAE."Pretendemos que quien venga, concurra y obtenga una licencia no sea cualquiera que pasa por la oficinas con una página web", argumenta Gonzalo Fernández. "Será un proceso serio y garantista para el consumidor: quien obtenga una licencia tendrá capacidad para operar, es decir, para ser operador del juego. Y luego, según el tipo de productos, deberá tener una u otra licencia", argumenta.Para evitar que hayan operadores ilegales, el responsable de LAE prevé que las medidas de control sean "efectivas al 99,9%". Por ejemplo, cortando la conexión de estos operadores no autorizados "respecto a los intermediarios de pago, los que prestan el servicio de comunicaciones y los intermediarios que prestan los servicios de publicidad". No en vano, los operadores que no estén autorizados no podrán llevar a cabo ni publicidad ni patrocinios.
Calendario. La nueva LAE, en marcha antes de 2012
Los próximos meses van a ser complejos para los responsables de LAE. No en vano, la nueva ley del juego tendrá que aprobarse en el Congreso en este tiempo. Una celeridad de la que es responsable el Ejecutivo, que ya anunció su voluntad de que Loterías y Apuestas del Estado se convierta en una sociedad pública antes del 31 de marzo. "Es muy importante que esta ley salga adelante con un amplio acuerdo parlamentario, para que garantice la estabilidad futura. Si sale por los pelos, esto genera una duda de que se puede modificar, ello condiciona muchísimo", reconoce el director general de LAE. Al mismo tiempo, se tendrá que constituir la futura Comisión Nacional del Juego, el regulador que tendrá que conceder licencias a los operadores, vigilar y asegurar que estos cumplen los requisitos exigidos para operar en España. Mientras, aún quedan por definir los detalles de la privatización de la sociedad estatal. De llevarse a cabo una colocación en Bolsa del 30% de la futura LAE, esta se tendrá que realizar, previsiblemente, poco antes o poco después del verano. Así, la nueva sociedad encararía 2012 en pleno funcionamiento.
