El gestor privado de Barajas y El Prat fijará libremente el precio de los servicios
Fomento da una vuelta de tuerca a la reforma aeroportuaria al incluir en la tramitación en el Senado de la Ley de Navegación Aérea una enmienda que permitirá a los concesionarios privados de Barajas y El Prat fijar libremente los precios de los servicios aeroportuarios.
Las tasas aeroportuarias entendidas como precios públicos rígidos que deben ser aprobados cada año por el Gobierno y el Parlamento están a punto de pasar a la historia.
A partir de este mismo ejercicio de 2011, las tarifas de los servicios que se pagarán en los principales aeropuertos españoles, Barajas en Madrid y El Prat en Barcelona, serán precios estrictamente privados. En los restantes 45 aeródromos de la red de AENA, las tasas se reconvertirán en prestaciones patrimoniales de carácter público.
æscaron;nicamente mantendrá la antigua condición (y también el procedimiento de tramitación) de precio público la tasa de navegación; aquella que pagan los aviones por las ayudas que reciben durante sus cruceros.
La Autoridad Estatal de Supervisión tendrá funciones arbitrales
Esta trascendental modificación ha sido introducida por el Ministerio de Fomento utilizando una enmienda presentada por el Grupo Socialista en la tramitación en el Senado de la Ley de Navegación Aérea. El texto de la enmienda es un capítulo completo con una veintena de artículos y 25 páginas.
Uno de los aspectos más importantes de la reforma se centra en la modificación de procedimientos y competencias al conformar las estructuras tarifarias en los diferentes aeródromos.
En el marco de la reforma del sistema, Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat van a cambiar su modelo de gestión para pasar a ser regidos por sendos consorcios privados que resulten adjudicatarios en dos procesos de concesión.
Según el texto de la enmienda presentada en el Senado, en estos dos aeropuertos la empresa concesionaria tendrá absoluta libertad para fijar los precios que cobran a las aerolíneas por el uso de todos los servicios que recibirán tanto en la zona de pistas y aparcamiento de aeronaves como en el interior de las terminales.
Esta libertad en la fijación de los precios se sustenta en el hecho de que AENA, como titular de los espacios públicos de los aeropuertos, tiene asegurados sus ingresos por las condiciones de la concesión. Las aerolíneas podrán recurrir ante un nuevo organismo, la Autoridad Estatal de Supervisión, cualquier decisión de la empresa gestora que consideren lesiva contra sus intereses.
La articulación detallada de las relaciones entre los diferentes agentes del negocio aeroportuario, según el nuevo esquema que propicia el Ministerio de Fomento, se conocerá mediante la aprobación de una orden ministerial que debe hacerse pública antes del 28 de febrero, según el compromiso del Gobierno.
Nueva estructura organizativa
Fuentes del Grupo Socialista en el Senado han señalado que en semanas se conocerá la nueva estructura organizativa de la que se dotará a los restantes 45 aeródromos de la red pública. Estas terminales serán gestionados directamente por AENA Aeropuertos, o a través de filiales de esta empresa que se crearán al efecto y que agruparán a varios aeródromos en base a "criterios territoriales". La fijación de los precios de los servicios que se cobrarán a las aerolíneas, en concepto de prestaciones patrimoniales públicas, serán estudiadas por la dirección de cada una de las filiales. Para ello tendrán la obligación de consultar con las compañías aéreas, a las que se podrán ofrecer "bonificaciones, rebajas o descuentos". Una vez formado el criterio tarifario, este será remitido a la Autoridad Estatal de Supervisión, quien será el responsable de tramitar su aprobación por el Parlamento.La enmienda establece que la autonomía en el establecimiento de los precios está condicionada a que se asegure la viabilidad económica de la explotación.