El sector sanitario en bloque se opone a los recortes farmacéuticos autonómicos
Por primera vez, las patronales de todas las vertientes empresariales del mundo sanitario se han unido para rechazar en bloque las medidas autonómicas de recorte de las prestaciones farmacéuticas en España. Alertan de que restringe la oferta de medicamentos por territorios.
Los representantes de toda la cadena de investigación, fabricación, distribución y venta de medicamentos en España se han unido por primera vez para oponerse frontalmente a las medidas de recorte de las prestaciones farmacéuticas anunciadas o adoptadas por varias comunidades autónomas. Afirman que estas iniciativas "restringen en cada territorio la oferta de medicamentos y productos sanitarios cubierta por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), con los consiguientes impactos para los ciudadanos y para los diferentes agentes sanitarios", afirmó la patronal de laboratorios de marca Farmaindustria en un comunicado.
El manifiesto, firmado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, Farmaindustria y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, señala que todas estas empresas representadas están ya realizando una "contribución extraordinaria" a la sostenibilidad económica del SNS como consecuencia del efecto directo de dos reales decretos ley aprobados el pasado año. El impacto de esas medidas asciende a 2.855 millones de euros anuales, lo que representa "un 14% de la facturación del sector", según los datos presentados. Este impacto ya ha supuesto "una fuerte caída" del gasto farmacéutico público en 2010.
"Esta cuota de responsabilidad es la más alta asumida por un solo sector en el duro ajuste que está sufriendo el gasto público en España", afirmaron. Añadieron además que "está suponiendo un elevado coste en términos de pérdida de empleo de alta cualificación y mayoritariamente femenino, que se prevé alcance las 25.000 personas". Adicionalmente a estas rebajas que se aplican en todo el territorio, "determinadas comunidades están adoptando medidas que restringen en su territorio la oferta de medicamentos cubierta por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud", como son, por ejemplo, el catálogo propio de medicamentos en Galicia, el proyecto de licitación pública en determinados principios activos y productos sanitarios en Andalucía o la supresión de determinados medicamentos en la prescripción electrónica en Castilla-La Mancha. "Esa diferencia se traduce en una ruptura de la unidad de mercado, afectando gravemente a las actividades" de negocio de los firmantes, indica el manifiesto.
El impacto de los recortes sanitarios afectará a 25.000 empleos, afirman
Ante esta situación, llaman a que "se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social y se vele de forma efectiva por la aplicación de la distribución de competencias para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes".
Por otro lado, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, mantuvieron ayer un encuentro con el presidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, y el director general, Humberto Arnés, para avanzar en el desarrollo de un plan sectorial que estimule la competitividad y la inversión del sector en España. Este plan fue anunciado en septiembre de 2010 por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo de esta iniciativa, según asumía la nota de prensa ministerial, es "reconocer la importancia estratégica de la industria farmacéutica en el desarrollo de la I+D en España y reforzar las inversiones en nuestro país. De hecho, en la actualidad, uno de cada cinco euros que se invierten en investigación y desarrollo en España procede de las compañías farmacéuticas".
Por este motivo, el plan, ampliamente reclamado por las empresas, "pretende servir para establecer un marco de estabilidad en el sector que garantice su desarrollo como industria de alta tecnología y de gran impacto estratégico sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y de la economía española".
La versión de las comunidades autónomas
La receta electrónica en Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla- La Mancha, la decisión adoptada por el gobierno regional se refería a la prohibición de prescribir por receta electrónica determinados fármacos de marca ligados a dolores e inflamación, alergias, colesterol o para enfermedades cardiovasculares. De este modo todos aquellos pacientes que requieran ese conjunto de fármacos deberán obtenerlos a través de la receta de papel y no la electrónica, con lo que el tratamiento no quedaría registrado en la histórica clínica electrónica.La medida está recurrida por la patronal de los laboratorios Farmaindustria. Tanto el Colegio de Médicos de Toledo como dos sociedades de atención primaria (Semfyc y Semergen) se han opuesto a la misma.Andalucía es la región más endeudada. La necesidad de recortar el abultado gasto farmacéutico y de impedir que la deuda con los laboratorios siga creciendo llevó a Andalucía a crear un mecanismo similar al catalogo gallego de medicamentos. A finales de 2010 era la segunda comunidad autónomas que más dinero debía a los laboratorios, con una deuda reconocida de 774 millones.Y para corregirla puso en marcha dos iniciativas: obligó a las farmacias a dispensar la marca más barata de cada principio activo que gane un concurso público y logró que 25 presentaciones de medicamentos, en especial tratamientos oncológicos y vinculados a la fertilidad, ya solo se puedan dispensar en los servicios de farmacia de los hospitales.Galicia quiere ahorrar 300.000 euros al día. El catálogo priorizado de medicamentos en Galicia es el que más polvareda ha levantado entre las empresas del sector. Este incluye 34 principios activos y establece una hoja de ruta para los profesionales sanitarios, que deberán optar entre prescribir medicamentos genéricos o si son de marca, los de menor coste. Los laboratorios y las farmacias acusan a Galicia de apropiarse de competencias que tan solo le corresponden a Sanidad y de romper la unidad de mercado, al ofrecer un trato diferente a los ciudadanos según la comunidad en la que residan. El catálogo, adoptado por mandato del parlamento autonómico, persigue un ahorro de 300.000 euros al día por el elevado número de recetas prescritas, que llegó a 65,5 millones en 2010.