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Sector inmobiliario español

Nochebuena en La Palmera, clave para el ladrillo español

El pacto entre Luis Portillo, Joaquín Rivero y Román Sanahuja que cambió el sector.

Nochebuena en La Palmera, clave para el ladrillo espanol
Nochebuena en La Palmera, clave para el ladrillo espanol

Día 24 de diciembre de 2005. Luis Portillo ha citado en el palacete que posee en Sevilla, en la avenida de La Palmera, a Román Sanahuja, primer accionista de Metrovacesa, y a Joaquín Rivero, presidente de la mayor inmobiliaria española. Sanahuja ha llegado acompañado de su familia en avión privado desde Barcelona. Al mediodía llega Rivero, que se ha desplazado en coche desde Puerto de Santa María, donde pasa siempre las Navidades. Ellos no lo saben, pero esa reunión cambiará sus vidas. Y marcará el ritmo del sector inmobiliario español y buena parte del financiero durante los próximos años.

Luis Portillo ha decidido que es el momento de crear su propia compañía. El empresario sevillano se unió al capital de Metrovacesa en 2003 para apoyar a Rivero en la oposición a la opa presentada por el grupo italiano Caltagirone. Rivero, Sanahuja y Domingo Díaz de Mera han sido sus mentores. Ha aprendido mucho participando en el capital de una compañía cotizada. Pero ha llegado su momento. Zent, la sociedad patrimonial de Portillo y su esposa, María Jesús Valero, cuenta con activos valorados en 1.918 millones de euros. Tiene el 5,66% de Metrovacesa, un porcentaje que cuesta más de 331 millones. Decide vender, y así se lo comunica ese mismo día a Rivero y a Sanahuja.

Sanahuja se compromete a adquirir el 3,9% de Portillo en Metrovacesa, y Rivero el resto. La operación dará inicio a una batalla sin cuartel entre el presidente de la compañía y la familia catalana por el control de Metrovacesa. Los Sanahuja, tres generaciones de desarrollo urbanístico en Barcelona a través del grupo Sacresa, consideran que siendo el primer accionista de la compañía deben ser ellos quienes lleven el timón. No aguantan a Rivero.

Joaquín Rivero intuye las intenciones de los Sanahuja, pero hará todo lo posible por mantener el control de Metrovacesa. La primera inmobiliaria española es obra de su creación; abordó la compañía desde la pequeña Bami y con él como presidente Metrovacesa ha adquirido la francesa Gecina, por más de 5.000 millones. La compañía está llamada a liderar el mercado inmobiliario europeo.

Con estos pensamientos Joaquín Rivero abandona, hacia las tres de la tarde, el palacete de Portillo. Hace una llamada a través de su teléfono móvil: comunica el acuerdo alcanzado a la persona encargada en Metrovacesa de notificar los hechos relevantes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero es Nochebuena, sábado, el procedimiento no es sencillo. La persona indicada no se pondrá en contacto con la CNMV hasta la semana siguiente. Esa llamada efectuada el 24 de diciembre a media tarde desde el móvil de Rivero será una de las pruebas que el hoy ex presidente de Metrovacesa alegará en su defensa ante la grave acusación de empleo de información privilegiada efectuada recientemente por la Fiscalía Anticorrupción.

Porque Rivero adquirirá acciones de Metrovacesa durante la semana posterior al acuerdo de compra de acciones de Portillo. Y la CNMV no publicará el hecho relevante de dicho acuerdo hasta el 31 de diciembre, a pesar de que, como previsiblemente asegurará Rivero ante el juez, Metrovacesa y Antonio Mas, del organismo regulador del mercado español, mantuvieron una comunicación constante sobre la cuestión.

Esa Nochebuena los tres brindarán por el futuro: Rivero preside la inmobiliaria que liderará el mercado europeo; Sanahuja prepara el abordaje sobre la compañía; Portillo va a comprar Colonial.

Durante 2006 el sector inmobiliario español vive una convulsión. Sanahuja lanza una opa sobre Metrovacesa y Rivero contraataca con una contraopa, apoyado por el empresario valenciano Bautista Soler. Sanahuja, Rivero y Soler solicitarán en esa guerra por el control de la compañía créditos bancarios por un valor total aproximado a los 7.000 millones de euros. Una cifra parecida destinará Luis Portillo a comprar Colonial, la inmobiliaria Riofisa y el 15% de FCC. También en ese año Rafael Santamaría comprará Urbis a través de Reyal, por 3.317 millones; Enrique Bañuelos sacará a Bolsa la pequeña Astroc; Fernando Martín comprará Fadesa a Manuel Jove, por más de 4.000 millones.

Nochebuena de 2010. Todo ha cambiado. La familia Sanahuja, que llegó a tomar la presidencia de Metrovacesa y a controlar más del 80% del capital, ha salido de la empresa; su grupo familiar, Sacresa, está en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 2.000 millones. Luis Portillo ha abandonado la escena pública; salió disparado de Colonial, cuando la deuda de la compañía se acercaba al billón y medio de las antiguas pesetas, a finales de 2007. Y Rivero celebra la Navidad pensando cómo es posible que, después de lo que él ha visto en el sector, la Fiscalía Anticorrupción haya puesto sus ojos precisamente sobre él.

La cifra

331 millones de euros es el precio al que vendió Luis Portillo su participación en Metrovacesa a Rivero y Sanahuja.

En juego el prestigio de Joaquín Rivero

El próximo 2 de febrero, Joaquín Rivero declarará ante el juez por un presunto delito de abuso de información privilegiada, por el que se enfrenta a penas de prisión de hasta seis años. El 22 de noviembre pasado el fiscal presentó su querella en la que acusa a Rivero de obtener "un beneficio ilícito de 2,8 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada", por la compra en 2005 de acciones de la inmobiliaria. La querella de Anticorrupción deriva de la investigación de estas operaciones realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que podría sumar la acusación por presunto delito de blanqueo de capitales. Además Rivero afronta nuevas demandas de accionistas minoritarios de Metrovacesa y Gecina y otras presentadas por Metrovacesa.En su defensa Rivero alegará que informó debidamente a Metrovacesa del acuerdo de compra de acciones alcanzado con Portillo el 24 de diciembre de 2005; que Metrovacesa informó también a la CNMV y que la compra de acciones no estaba exenta de riesgos.Los casos juzgados en España por información privilegiada acabaron sin consecuencias legales para los acusados.

Tres empresarios que aprovecharon el boom y sufren ahora el pinchazo

Román SanahujaSu padre fue uno de los principales empresarios inmobiliarios que participaron en el desarrollo urbanístico de Barcelona de la segunda mitad del siglo pasado. Llevó al grupo familiar, Sacresa, a liderar el sector catalán y en 2006, con el apoyo incondicional de sus hijos, se atrevió a desafiar a Joaquín Rivero y luchar por el control de Metrovacesa. Logró su objetivo, fue nombrado presidente y superó el 80% del capital. Pero los préstamos solicitados fueron de tal cuantía que hoy Metrovacesa está controlada por varios bancos, con más de 5.000 millones de deuda, y Sacresa se encuentra en concurso de acreedores.Luis portilloConvirtió la pequeña subcontrata de su padre en una de las principales promotoras de Andalucía. Hizo una fortuna aprovechando el empuje que vivió la región con la Expo de Sevilla y la llegada del AVE. En 2003 se unió a Joaquín Rivero en el capital de Metrovacesa y vendió su participación dos años después por más de 331 millones de euros. Tras su salida de Metrovacesa lanzó una opa sobre Colonial, por 3.761 millones. Además adquirirá la inmobiliaria Riofisa, por 2.000 millones, y el 15% de FCC, por 1.530 millones. A finales de 2007 abandonó Colonial; desde entonces no ha vuelto a aparecer en actos públicos.Joaquín RiveroEn 2005, siendo presidente de Metrovacesa, orquestó una opa sobre la francesa Gecina, por más de 5.000 millones, inaugurando dos años frenéticos de compras en el sector cotizado europeo. En 2007 Sanahuja retira a Rivero de la presidencia de Metrovacesa y el empresario jerezano se refugia en Gecina, donde mantuvo el puesto de presidente. Hasta el año pasado, cuando las diferencias con el consejo precipitaron su marcha. Aún controla el 37% de la inmobiliaria española Bami y el 16,1% de Gecina. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de presunto empleo de información privilegiada y solicita pena de hasta seis años de prisión.

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