Bruselas investiga el pacto de no agresión entre Telefónica y Portugal Telecom
La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea está analizando el pacto de no agresión que Telefónica y Portugal Telecom (PT) suscribieron en el momento de la compraventa de Vivo, el líder brasileño del móvil. Bruselas sospecha que este acuerdo puede violar las normas de competencia.
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, puso en marcha el pasado mes de septiembre una investigación informal sobre los acuerdos firmados dos meses antes por las operadoras española y portuguesa Telefónica y Portugal Telecom con motivo de la operación de compraventa de Vivo , según han confirmado a este diario fuentes conocedoras del expediente.
El departamento de Almunia dudaba entonces de la compatibilidad de esos acuerdos con la normativa europea de competencia. Bruselas parece haber confirmado sus sospechas y esta misma semana, según las fuentes consultadas, podría abrir una investigación oficial.
La Comisión Europea duda de la legalidad de un acuerdo que supone el compromiso de las dos compañías de no competir en sus respectivos mercados. Según la cláusula firmada, Telefónica se compromete a no invertir ni participar en ninguna actividad en el mercado portugués de telecomunicaciones, mientras que PT promete no hacer lo propio en terreno español. El pacto solo excluye las inversiones previas, como la participación de Telefónica en una empresa que fue filial de PT, y se extiende hasta finales de este año.
La compañía española aceptó el acuerdo como manera de suavizar la resistencia de Portugal Telecom a la oferta por Vivo.
Para Bruselas, sin embargo, este tipo de pactos representan un reparto ilegal del mercado, porque suponen renunciar a competir. La Comisión Europea ya ha investigado acuerdos similares en el sector energético (entre compañías francesas e italianas) o en el sector nuclear (entre Areva y Siemens).
La inminente apertura del expediente sobre Telefónica y PT no implica que la Comisión Europea haya concluido que el acuerdo suscrito entre las dos compañías es ilegal. Por ahora, la única consecuencia de la formalización del expediente estriba en señalar a las autoridades nacionales de competencia concernidas la intención de Bruselas de hacerse cargo en exclusiva del expediente. Y la intención de la Dirección General de Competencia de concederle un tratamiento prioritario.
Prioritario, sin embargo, no equivale a breve en el hacer comunitario. La tramitación del expediente puede prolongarse durante meses, en función de la complejidad del caso. Y a diferencia de los expedientes sobre fusiones, en los que la comisión dispone de plazos obligatorios y perentorios, en este otro tipo de trámites Bruselas no contempla ningún límite temporal a priori.
Para Telefónica y PT, en concreto, esa ausencia de calendario puede jugar a su favor, porque el acuerdo suscrito expira a finales de 2011. Cualquier dictamen de la comisión, además, es recurrible ante el Tribunal de Justicia europeo.
El expediente, en cualquier caso, parece más bien inofensivo desde el punto comercial para las dos empresas. Por lo pronto, la anulación de esa cláusula no tendría repercusión directa en la operación sobre Vivo, que recibió el visto bueno de las autoridades brasileñas. Y la resolución del expediente europeo, además, puede llegar previsiblemente cuando el pacto haya expirado o esté a punto de hacerlo.
La investigación similar más reciente de la comisión arrancó el pasado mes de mayo y ocho meses después aún no ha concluido.
En el caso de Telefónica, sin embargo, Bruselas parece haber actuado con más celeridad que de costumbre. Según las fuentes consultadas, el departamento de Almunia comenzó a pedir documentación a las compañías poco después de la operación de Vivo. Y su interés no parece haber decaído.