Rebaja de hasta el 45%

Los fotovoltaicos recurrirán al Supremo la nueva normativa del sector que recorta las primas

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) recurrirá ante el Tribunal Supremo los cambios normativos del sector aprobados por el Gobierno el pasado mes de noviembre, que suponen un recorte de hasta el 45% las primas para este tipo de instalaciones de energía renovable, informó la patronal.

A este recurso se podrán además sumar los que, según AEF, se proponen también presentar sus asociados, diversas instituciones inversoras y otras asociaciones del sector.

La patronal del sector considera que los cambios "sustantivos y retroactivos" que el Real Decreto del Ejecutivo introdujo en el sector constituyen un "evidente efecto discriminatorio y una vulneración de la seguridad jurídica".

En su opinión, la nueva norma supone además una "agresión contra la estabilidad regulatoria y la confianza legítima que todo acto de Gobierno debería garantizar para aquellas decisiones empresariales que se han gestado al amparo de la garantía legal del Estado".

En un comunicado, las empresas fotovoltaicas apuntan que estos cambios se ven además "agravados" por otras medidas que modifican "sustancialmente el régimen económico por el que desde 2008, se vienen rigiendo las instalaciones ya existentes".

La AEF confía en que la Justicia "reponga debidamente" los principios de equidad y de respeto de las normas que, en el plazo de menos de cuatro años, ya han sido modificadas en cuatro ocasiones, creando una situación de desconcierto nacional e internacional respecto de la voluntad real del Gobierno sobre su apoyo a las renovables".

200.000 millones en riesgo

Según la patronal, todos estos cambios "ponen en riesgo las inversiones de más de 200.000 millones de euros realizadas en el sector, "e incluso la credibilidad financiera del país".

El recurso ante el Supremo se enmarca en el acuerdo adoptado en la Junta Directiva de AEF de "defender ante cualquier situación de ilegalidad o incertidumbre jurídica o regulatoria, los intereses reconocidos de los empresarios, inversores y productores en cualquiera de las instancias nacionales e internacionales y con todos los recursos que ofrece a los ciudadanos cualquier estado de Derecho".