Un balance realista y con expectativas optimistas
El informe económico del presidente del Gobierno contiene un exhaustivo análisis sobre los acontecimientos del año pasado y, en general, lo sucedido desde el arranque de la crisis financiera. En ese sentido, el texto realiza un reconocimiento de algunos de los defectos de base de la economía española que llevaron a la excepcional incidencia de la crisis sobre el empleo. Entre ellos, el exceso de peso de la construcción sobre el PIB, el fuerte endeudamiento privado, las necesidades de financiación exterior o la escasa flexibilidad del mercado laboral. A partir de ahí, el documento, que supera el centenar de páginas, detalla las reformas emprendidas en el último año, así como las que se acometerán en el periodo recién iniciado. El ambicioso objetivo: sentar las bases para recuperar en el medio plazo un crecimiento del entorno del 2,5% del PIB.
Pensiones
Superado el trámite parlamentario de la reforma laboral, la gran apuesta reformista pendiente en la lucha para controlar la voracidad de los mercados pasa por las pensiones públicas. El Gobierno ya ha situado como fecha límite el 28 de enero, con o sin acuerdo con agentes sociales y partidos políticos. Los ejes del cambio serán el alargamiento de la edad de jubilación (hasta los 67 años, dos más que en la actualidad, aunque con excepciones para cotizaciones largas y empleos penosos) y la ampliación de los periodos de cálculo y de cotización mínima.
Políticas de empleo
El texto presentado ayer por Zapatero señala la reforma de las políticas activas de empleo como una de las prioridades de la reforma social. En negociación con comunidades autónomas y agentes sociales, el Gobierno espera presentar la reforma antes de que acabe el mes. El informe revela la intención de elevar la vinculación de las políticas activas a las pasivas, de modo que "las prestaciones por desempleo deberían vincularse, al menos parcialmente, al cumplimiento efectivo de los itinerarios personalizados de empleo". Además, se promoverá la colaboración público-privada en la orientación al trabajador, se ampliará la dotación de personal de los Servicios Públicos de Empleo y se recortará progresivamente el peso de las bonificaciones a la contratación sobre el conjunto de las políticas activas.
Negociación colectiva
En su intervención de ayer, Zapatero recordó que, desde ahora "hasta las primeras semanas de la primavera" el Gobierno pretende desarrollar y completar la reforma de las relaciones laborales, con aspectos tan relevantes como el formato de la negociación colectiva. La mayoría de los analistas señala su rigidez como uno de los factores explicativos del descalabro del empleo durante la crisis, en la que la tasa de paro se ha duplicado de largo. Zapatero destacó que el Gobierno "intentará" el acuerdo con los interlocutores sociales, aunque avanzó que no permitirá la "no reforma" y cumplirá con sus compromisos. Una señal de que la negociación colectiva puede terminar siendo aprobada sin consenso, igual que la reforma laboral.
Servicios profesionales
Una de las reformas más novedosas afectará a los servicios profesionales, un sector que, según recordó Zapatero,
ocupa al 30% de los titulados superiores en España. La finalidad de la nueva ley será elevar la competencia, potenciar la movilidad de los profesionales y reforzar la competitividad de las empresas españolas proveedoras de servicios profesionales, especialmente las de ingeniería. La reforma supone un elemento adicional una vez concluida la transposición de la Directiva Europea de Servicios a la legislación nacional.
Política industrial
El Ejecutivo presentará un Plan Integral de Política Industrial, con la finalidad de que la industria mejore su competitividad y aumente su peso en la economía (15%) hasta acercarse a la media europea (18%). Se realizará un seguimiento de las medidas concretas que se adopten, entre las que destaca el Plan de Crecimiento Empresarial: a través de éste, se apoyará a empresas con gran potencial de crecimiento asesorándolas en su estrategia de expansión y otorgando financiación para desarrollarla. Moncloa espera que cada año 1.000 empresas participen en estos planes de crecimiento.