Estudian retirar las denuncias de los tribunales al lograr compensaciones

Las eléctricas preparan la paz con el Gobierno por el conflicto del carbón

Las compensaciones que el Gobierno acaba de aprobar en la tarifa eléctrica para las centrales afectadas por el decreto del carbón nacional han hecho que las tres grandes eléctricas comiencen a estudiar la retirada de los recursos judiciales que mantienen contra dicha norma. Solo así podrían aplicarse las medidas que permitirán dar salida al excedente de mineral autóctono.

Una parte de la fuerte subida de la tarifa eléctrica que entró en vigor el 1 de enero (un 9,8%) es el precio que el Gobierno ha pagado (o, mejor, ha hecho pagar a los consumidores domésticos) para que las eléctricas firmen la paz en el conflicto sobre el carbón nacional que dura casi un año. De esa subida, que supone el pago de 84 euros por MWh en el primer trimestre, casi 10 euros corresponden a las compensaciones que recibirán las centrales afectadas por las medidas de apoyo al carbón de El Bierzo.

La paz se traducirá, según fuentes empresariales, en la retirada de los recursos que Endesa, Iberdrola y Gas Natural mantienen en el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado en la primavera de 2009, que obliga a las eléctricas a generar con carbón nacional a un precio regulado. Este precio implica una ayuda de Estado que el Gobierno solicitó a la Comisión Europea y que ésta autorizó en septiembre. Esta decisión también fue recurrida ante el Tribunal de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.

En ambos casos, las denunciantes lograron medidas cautelarísimas, que paralizó la iniciativa del Gobierno. Aunque el Supremo no admitió posteriormente medidas cautelares, Luxemburgo no ha tomado aún una decisión al respecto (podría hacerlo hoy), pero, de admitir una suspensión cautelar, que duraría dos años, se daría por muerta la aplicación del decreto.

Cuando el Ministerio de Industria optó por dar salida a los 10 millones de toneladas de carbón nacional, que no logra competir en precio en el mercado por la crisis, obligando a las empresas a adquirirlo, éstas reclamaron compensaciones para las centrales de gas y carbón de importación que se verían desplazadas en el mercado para dar paso al carbón autóctono. En un primer real decreto se reconoció el lucro cesante, pero en un segundo texto aprobado un mes después, esta compensación se eliminó. Industria argumentó que lo había hecho por recomendación de la Comisión Europea.

600 millones en la tarifa

La retirada de los recursos por parte de las denunciantes se puede hacer en cualquier momento, según fuentes jurídicas. La decisión forma parte de un acuerdo sellado con las empresas en diciembre, pues, de lo contrario, las compensaciones vía tarifa eléctrica, más de 600 millones de euros, sería un coste inútil.

En la orden de tarifas del primer trimestre figura un incremento del 72% de los llamados pagos por capacidad, una subvención que estaba pendiente de regular, que antiguamente se denominaba pago por garantía de potencia. Esta fue modificada por Industria y se transformó en dos conceptos: el pago por inversión y el pago por disponibilidad. El primero lo cobran por 10 años las nuevas centrales, esto es, las de ciclo combinado, así como las de carbón por las mejoras medioambientales que realicen. El segundo, un pago por estar disponible que ha aumentado el citado 72%, se ha seguido recaudando en la tarifa, pero estaba sin reglamentar.

Las cifras

10 euros MWh, sobre un total de 84 euros, es el coste en la tarifa de último recurso (TUR) de los pagos por capacidad, que recibirán las centrales por estar disponibles.

72% es el incremento de dichos pagos decidido por el Gobierno para desatascar el conflicto del carbón.

El Tribunal de Luxemburgo y la vista

Aunque las tres grandes eléctricas tienen previsto poner fin a los pleitos con los que han paralizado las medidas del Gobierno para incentivar el consumo de carbón en las centrales térmicas (al fin y al cabo, Industria ha aceptado sus peticiones), sus equipos jurídicos siguen actuando. Así, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa pedirán medidas cautelares en la vista que se celebra hoy en el Tribunal de la UE, en Luxemburgo.

Se estudiarán los recursos presentados por estas tres eléctricas y la Xunta de Galicia (por el perjuicio para las centrales gallegas de carbón de importación) contra la decisión de la CE del 29 de septiembre, que autorizó la ayuda de Estado que implicaba el real decreto del carbón. En dichos recursos, las denunciantes pidieron la anulación de esa decisión y pidieron medidas cautelares en tanto haya sentencia firme. La vista de hoy sólo aborda las medidas cautelares, después de que el tribunal concediese hace más de un mes medidas cautelarísimas. Si se otorga la suspensión cautelar, se consideraría muerto el plan de apoyo a la minería, pues esos procesos duran dos años.

El Tribunal no juzga en sí el real decreto, pero el hecho de que pueda suspender temporalmente la ayuda de Estado bloquearía su aplicación: las eléctricas no podrían cobrar el precio regulado por consumir carbón, ya que el Gobierno no tendría potestad para pagarlo. De hecho, el decreto entró en vigor en marzo del año pasado, pero el Gobierno no dio los primeros pasos para ponerlo en marcha hasta septiembre, tras recibir el permiso de Bruselas. Las eléctricas mostraron voluntad de arreglo en diciembre, cuando, pese a las cautelarísimas en vigor, firmaron opciones de compra de carbón que permitieron pagar las nóminas a los mineros.