Impuesto sobre sociedades

Las pymes tributan a un tipo tres puntos más alto que las grandes empresas

La dificultad de las pymes para acceder a las deducciones en el impuesto sobre sociedades provoca que tributen a un tipo efectivo tres puntos por encima que las grandes empresas. Y ello sucede a pesar de que el gravamen nominal para las pequeñas y medianas empresas asciende al 25% frente al 30% del resto de compañías.

El impuesto sobre sociedades es, sobre el papel, un tributo progresivo ya que las grandes empresas aplican un tipo nominal mayor que las pymes. Sin embargo, los beneficios fiscales que contempla la legislación revierten esta situación. Los últimos datos de Hacienda, que corresponden al ejercicio de 2008 que se declaró en 2009, muestran que las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo del 20,2% cuando el gravamen nominal se sitúa en el 30%. En cambio, las pymes pagaron un 22,9%, un nivel muy cercano a su tipo nominal, que es del 25%.

Es decir, las pymes tributan tres puntos por encima de las grandes empresas. Todo ello demuestra que el impuesto sobre sociedades carece de progresividad. O dicho de otra forma, que la legislación permite que una compañía del Ibex aplique una tarifa impositiva menor que, por ejemplo, la pyme Pintores Hermanos Gómez, S.L. Si ello sucediera en el IRPF significaría que un alto ejecutivo tributaría a un tipo menor que un albañil o el cajero de un supermercado.

Por otra parte, también se producen notables diferencias entre grandes empresas. Una compañía que no invierta en I+D o no aplique la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios tributará a un tipo muy cercano al nominal, mientras que otra compañía que sí realice una buena planificación fiscal para acceder a las deducciones tributarias podrá aplicar una tarifa mucho menor.

Esta situación se explica por la peculiar legislación del impuesto sobre sociedades en España. Por un lado, el tipo nominal es el cuarto más alto de la Unión Europea, solo superado por Francia, Bélgica y Malta. Sin embargo, la legislación española contempla muchas más deducciones que en la mayoría de los países de la UE. Además, la Ley de Economía Sostenible elevará del 8% al 12% la deducción por actividades de innovación y del 4% al 8% los beneficios fiscales por inversiones en pro del medio ambiente.

Las estadísticas tributarias muestran que un empresa con ingresos superiores a 750 millones paga un tipo menor que una compañía que, por ejemplo, cuente con una cifra de negocio de 10.000 euros. En cualquier caso, las grandes empresas representan el 2% del total de declarantes del impuesto sobre sociedades y, sin embargo, aportan casi el 80% de la recaudación.

Actualmente, la legislación del impuesto sobre sociedades define a las empresas de reducida dimensión como aquellas cuya cifra de negocio no supera los ocho millones de euros. El Gobierno elevará este umbral hasta los 10 millones de euros, por lo que el porcentaje de pymes sobre el total de declarantes se incrementará.

Tener de la consideración de pyme permite tributar al 25% por los primeros 120.000 euros de beneficios, aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que elevará esta cifra hasta los 300.000 euros. Y, hasta ahora, las pymes también gozaban en exclusiva de la libertad de amortización siempre y cuando mantuvieran o crearan el empleo. A partir de este año, esta posibilidad también se extenderá a las grandes empresas y no estará vinculado al mantenimiento de la plantilla. La libertad de amortización permite contabilizar en un solo ejercicio determinados gastos de inversión, lo que posibilita reducir la factura tributaria.

Todo ello, previsiblemente, afectará la recaudación de un tributo que en los últimos años ha sufrido una merma de ingresos nunca vista y muy superior a las caídas recaudatorias en el IRPF o el IVA. En 2007, la Administración central ingresó 44.823 millones por Sociedades y en 2010 no apenas se alcanzarán los 15.000 millones. Una caída del 66%. Los inspectores fiscales recuerdan que los beneficios empresariales de las grandes empresa no han caído de forma tan brusca. Sin embargo, el Ejecutivo, argumenta que las ganancias que las multinacionales logran en el exterior no tributan en España, algo que los inspectores reclaman que se modifique. Como si predicaran en el desierto. El Gobierno no se plantea por ahora cambios legislativos relevantes en el impuesto sobre sociedades.

Las cifras

20,2% es el tipo efectivo que aplican las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades. Las pymes, en cambio, tributan al 22,9%.

2% es el porcentaje que representan las grandes empresas sobre el total de declarantes, aunque aportan el 80% de la recaudación.

Hacienda reconoce deficiencias en el tributo aunque descarta corregirlas

En un cajón del Ministerio de Economía se encuentran estudios y análisis para modificar el impuesto sobre sociedades que incluyen propuestas para suprimir beneficios fiscales y así evitar diferencias tan notables en la tributación efectiva de las empresas.

Sin embargo, los planes de reforma seguirán durmiendo el sueño de los justos ya que el Ejecutivo no contempla reformar el tributo en lo que queda de legislatura. Así lo asegura el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

En cualquier caso, desde la Agencia Tributaria reconocen "deficiencias" en la legislación del tributo que se aplica sobre los beneficios empresariales. Sin embargo, entienden que en un momento como el actual no es el momento de abrir un proceso de reformas en profundidad.

Si se llevarán a cabo, algo totalmente improbable, la Agencia Tributaria defiende "limpiar" el impuesto sobre sociedades de deducciones, para simplificarlos y evitar planificaciones fiscales abusivas. Los sectores empresariales solo aceptarían una reforma en esta dirección si se complementara con una reducción del tipo nominal. Esta posibilidad no se descarta desde Hacienda, que reconocen que el gravamen es uno de los más altos de la Unión Europea.

El impuesto sobre sociedades es el único gran tributo que ha pasado la crisis sin sufrir ningún incremento. En cambio, el Ejecutivo sí que ha elevado el IVA o los impuestos especiales -que recaen sobre los consumidores- y el IRPF -que sufren los asalariados.

En este sentido, los empresarios pueden seguir tranquilos ya que el Gobierno ni se plantea elevar los impuestos sobre los beneficios de las compañías.