Un órgano vigilará las conductas vejatorias en el ámbito económico
El Gobierno creará un órgano público e independiente para vigilar y penalizar los casos de trato discriminatorio de personas y empresas en todo tipo de ámbitos, en especial el económico.
El anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que estudió este viernes el Ejecutivo, desarrolla el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de trato ante la ley. El objetivo es proteger a todas las personas, incluidas las jurídicas, de trato discriminatorio en cualquier aspecto de la sociedad. La norma se fija especialmente en los procesos de contratación pública y privada, la sanidad, el acceso a bienes y servicios públicos (incluida la vivienda), medios de comunicación y publicidad, las prestaciones y servicios sociales y todo tipo de servicios privados, como la contratación de hipotecas y créditos al consumo.
La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación y conciliación entre las partes. Esta autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. También ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados.
"Se trata de garantizar derechos, no de crearlos, y de evitar situaciones de humillación en todos los aspectos, por circunstancias de edad, sexo, origen étnico, discapacidad, convicción u otra circunstancia", recalcó tras el Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. El texto legal mejora las definiciones de discriminación directa indirecta y se incorporan al ordenamiento jurídico otras como acoso discriminatorio, discriminación múltiple y por error, inducción, y las represalias. También incluye dos nuevos motivos de discriminación que no se encuentran ni en la Constitución ni en la normativa comunitaria: los de identidad sexual y enfermedad.
El texto se completa con un régimen general de infracciones (leves, graves y muy graves) y de sanciones común para todo el Estado. Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta medio millón de euros, por lo que no será necesario realizar cambios en el Código Penal.
Pajín planteó, tras el Consejo de Ministros, que la ley sea consensuada en los diferentes foros y organizaciones sectoriales, de los que espera que "hagan sus aportaciones" al texto definitivo. Para ello, se prevé una amplia tramitación a través de órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, además, del necesario trámite parlamentario. Asociaciones de homosexuales y de gitanos celebraron el viernes la aprobación del anteproyecto de ley.
Múltiples casos
La nueva ley pretende perseguir conductas múltiples como la no contratación de mujeres por tener hijos o estar embarazadas, la rescisión de contratos laborales por razón étnica o de apariencia física o negar el acceso de ayudas públicas a ciertos colectivos por prejuicios.