Los recursos propios de la banca dependerán de su calificación crediticia
Los recursos propios que deben tener los bancos y las empresas que prestan servicios de inversión en España estarán condicionados por las calificaciones emitidas por determinadas agencias internacionales de medición de riesgos sujetas a supervisión, aprobó hoy el Gobierno.
El Ministerio de Economía y Hacienda explica en un comunicado que ésta es una de las novedades del proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros con el que se modifican normas financieras para la aplicación del reglamento europeo sobre agencias de calificación crediticia.
Además, quedarán especificadas qué entidades han de utilizar calificaciones crediticias y con qué fines, al tiempo que se exigirá a las compañías que operan en los mercados que usen sólo calificaciones emitidas por agencias "que se ajustan al nuevo régimen de registro" establecido por la Unión Europea.
La reciente crisis financiera, recuerda Economía, puso de manifiesto la necesidad de mejorar una serie de aspectos relativos al funcionamiento de los organismos que evalúan la solvencia de las entidades o de instrumentos financieros.
Por ello, argumenta, se aprobó un reglamento sobre agencias de calificación en el que, por primera vez, se determinan normas armonizadas sobre las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir, así como su régimen de registro y supervisión.
Para llevar a cabo esta última labor de control sobre las agencias de calificación, la Unión Europea propuso la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Valores.
Con el fin de que cada supervisor pueda colaborar en el futuro con las funciones de esa autoridad europea, el proyecto de ley modifica también las actuaciones del supervisor español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto quiere decir que será ahora la CNMV la encargada de la supervisión y el registro de todas las agencias de calificación crediticia que operen en España.
Antes de su aprobación, el proyecto de ley se sometió a audiencia pública desde el 30 de julio hasta el 6 de septiembre, y al dictamen preceptivo del Consejo de Estado.