Para proteger a los Gobiernos de crisis financieras futuras

Bruselas estudia permitir a los bancos centrales que limiten las actividades de las entidades

La Unión Europea estudia dar a los bancos centrales de cada país la facultad de bloquear nuevos productos y limitar los riesgos de negociacion de los grandes bancos. Se trata de una de las propuestas analizadas para proteger las cuentas públicas de los estados miembros ante crisis financieras futuras.

Los reguladores nacionales de bancos trasfronterizos pueden estar en condiciones de requerir "cambios a estructuras legales u operacionales" si dicha entidad financiera puede requerir de "apoyo financiero público extraordinario" durante una crisis, asegura uno de los borradores obtenidos por Bloomberg.

La UE está estudiando diversas propuestas para evitar que se repita una nueva crisis financiera, como la que siguió a la quiebra en 2008 de Lehman Brothers y causó que los Gobiernos europeos dedicaran más de 5.000 millones de dólares para apoyar los bancos. Una propuesta que se hacen eco de las exhortaciones de la Junta de Estabilidad Financiera para que los reguladores puedan imponer cambios estructurales a los bancos.

La consulta previa a la futura propuesta de la CE maneja como una de las posibilidades que los reguladores tengan mayor poder sobre las entidades de relevancia sistémica, han informado a Efe fuentes de la CE.

Bruselas pondrá sobre la mesa todo tipo de herramientas que van desde las medidas preventivas para minimizar los riesgos de insolvencia, hasta la intervención temprana y, en último caso, una quiebra ordenada.

En el capítulo de la prevención, no se descarta obligar a las entidades a que preparen planes de quiebra, conocidos como testamentos, que establezcan cómo actuar en momentos de turbulencias o incluso de insolvencia.

En la parte de la intervención temprana, Bruselas propondrá que los reguladores puedan prohibir el pago de dividendos, obligar a reemplazar a los directivos o a deshacerse de una determinada línea de negocio considerada de riesgo.

Estas iniciativas están inspiradas en muchas de las soluciones que ya han sido aplicadas durante la crisis, pero la Comisión desea un marco común, dado el carácter trasnacional de muchas entidades.

Por ello, la Comisión también planteará la creación de colegios de liquidación en los que estarán representados los países afectados y que servirán para liquidar una entidad insolvente.

La futura autoridad europea encargada de supervisar al sector bancario, que entrará en vigor en 2011, también podría jugar un papel de coordinación.

Para financiar las bancarrotas y no tener que acudir al dinero público, la Comisión ya propuso anteriormente la creación de un impuesto sobre las actividades bancarias (fundamentalmente sobre el pasivo) en cada país, cuya recaudación alimentaría fondos de resolución de crisis nacionales.

El comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, prepara un conjunto de medidas para reformar el sistema financiero de los bancos, cuyo rescate representó un gasto el año pasado el 13 % del PIB.

La cúpula directiva de nuevas autoridades de supervisión financiera esté operativa en abril

La Comisión Europea espera que la cúpula directiva que estará al frente de las nuevas autoridades de supervisión bancaria, bursátil y de seguros en la Unión Europea esté operativa el próximo mes de abril y ha adelantado que ya ha abierto el proceso de reclutamiento de personal adicional para las nuevas autoridades de supervisión, que entraron en funcionamiento el pasado 1 de enero.

"Aunque las nuevas autoridades están ya operativas, todavía estamos en el proceso de reclutar a personal adicional, incluidos los nuevos dirigentes de estas autoridades. Hay acuerdos interinos en vigor hasta que los presidentes y los nuevos directores ejecutivos comiencen a trabajar, esperemos que en Semana Santa", ha explicado en rueda de prensa la portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes.

Los nuevos órganos de supervisión cuentan ya con unos 150 efectivos procedentes de las anteriores estructuras de supervisión y el Ejecutivo comunitario espera que la plantilla crezca hasta los 300 en 2014.