CCOO y UGT instan al Gobierno a suspender la ley madrileña de Acompañamiento
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han instado al Gobierno central a que promueva la suspensión cautelar del artículo 16 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid por usurpar "competencias estatales".
En concreto, los dirigentes sindicales solicitan a la presidencia del Gobierno que incluya en el orden del día del Consejo de Ministros "la interposición de conflicto de competencia" ante el Tribunal Constitucional.
Las centrales sindicales consideran que esta medida permitirá al Tribunal Constitucional aclarar que el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas es competencia exclusiva del Estado.
Instan al Gobierno a que reclame del Constitucional la suspensión cautelar de la también conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la región, de fecha 22 de diciembre del 2010, que ha entrado en vigor el 1 de enero.
La entrada en vigor de esta ley "incide -a su criterio- en el ejercicio de las funciones sindicales de todo un conjunto de representantes de los trabajadores y del personal funcionario de la Comunidad de Madrid, elegidos con arreglo a la legislación del Estado.
"Estamos (...) ante una directa violación de la Constitución y de la competencia atribuida al Estado para regular la legislación laboral, así como para elaborar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen de los funcionarios públicos".
Los sindicatos alegan que la ley regional "establece un concepto de centro de trabajo", como es la Consejería, "diferente del que regula la legislación laboral del Estado" y limita la capacidad de cesión y acumulación del "crédito horario" de los delegados sindicales, cuando el Estado es el único que puede regular esta materia.
La Ley de Medidas, aprobada por el parlamento regional el pasado día 21, recorta las horas sindicales mensuales de 70 a 40 y contiene una reducción de la estructura del sector pública regional, que afecta a 19 entidades públicas, con la supresión de 24 puestos directivos, y 83 órganos colegiados o consultivos.