Asimelec intensifica la lucha contra el fraude y reedita su acuerdo con la Agencia Tributaria
Asimelec, la patronal que agrupa a las empresas españolas de tecnologías de la información y la comunicación, ha reeditado el acuerdo que firmó en 2006 con la Agencia Estatal de Administración Tributaria con el fin de aumentar su colaboración con ésta e intensificar la lucha contra el fraude del IVA y otras tramas organizadas, según un comunicado emitido ayer por la asociación.
El objetivo del acuerdo, insisten desde esta patronal de las TIC (hoy fusionada con Aetic en Ametic), es fortalecer la lucha contra el fraude en los sectores de la telefonía móvil, el hardware informático, todo tipo de software, los dispositivos electrónicos y los soportes digitales de grabación, intensificando la colaboración y el intercambio de información a través del Plan de Prevención del Fraude Fiscal para detectar y minimizar las conductas fraudulentas.
En la misma nota, Asimelec explicó que la colaboración de las empresas del sector TIC con el plan público contra el fraude fiscal y el cruce de datos de las distintas administraciones públicas reducirán estas conductas e incrementarán la recaudación fiscal de las arcas del Estado.
Asimelec, que actúa, dice, en defensa de sus asociados intentando reducir estas conductas, cuenta con un grupo de trabajo antifraude, creado en septiembre de 2010, que se encarga de recoger e investigar toda la información que recibe de los socios para enviar un análisis exhaustivo a las autoridades, dentro de las líneas maestras del acuerdo firmado.
La patronal también cuenta que, en su lucha contra el fraude y la competencia desleal, ha intensificado el acuerdo con la Business Software Aliance (BSA) para promocionar el uso del software original, que permite el correcto funcionamiento de las aplicaciones y está dotado de soporte técnico del fabricante. En esta línea, Asimelec recuerda a los consumidores que el uso ilegal de software constituye una barrera para la adopción plena de las tecnologías de la información y repercute en la pérdida directa de puestos de trabajo de alta cualificación