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Reclama que se embargue su patrimonio

Los empresarios se personan como acusación contra los controladores

Los empresarios madrileños, a través de la CEIM y de la Cámara de Comercio, se personarán como acusación particular en el proceso penal que prevén se inicie contra los controladores aéreos. Reclaman el embargo de 20 millones por los daños causados a las empresas de Madrid con su plante.

La Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se sumarán como acusación particular al proceso penal que se inicie contra los controladores aéreos y estudian pedir el embargo de los bienes de los miembros de este colectivo para hacer frente a las pérdidas de hasta 20 millones provocadas con su plante laboral en el puente de diciembre a las empresas de la Comunidad de Madrid.

El presidente de la Cámara de Comercio y de CEIM, Arturo Fernández, hizo este anuncio ayer, acompañado de los presidentes de la patronal hotelera y de las asociaciones empresariales de comercio minorista, comercio especializado y trabajadores autónomos de la comunidad.

Estas entidades, cuya defensa será representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se sumarán a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Espacio Aéreo y al proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, sobre el que han recaído las denuncias, para solicitar la práctica de diligencias y pruebas.

Aseguran que se ha causado un perjuicio grave a la marca de España y de Madrid

El abogado Javier Cremades apuntó que los empresarios se podrían sumar a la petición de la Fiscalía de embargar de forma preventiva los bienes de los controladores para asegurar las posibles responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal. Los empresarios, según Cremades, deberán reclamar de manera individual el dinero que han dejado de facturar con motivo de la huelga emprendida por los controladores.

El despacho de abogados ha remitido a la Cámara y a la CEIM un dictamen jurídico que analiza las posibles vías de reclamación por el cierre del espacio aéreo, siendo la más propia la de colaborar con la Fiscalía General del Estado.

CEIM ha puesto a disposición de los empresarios un servicio de orientación jurídica para que conozcan las vías de reclamar esa compensación por el lucro cesante por la actividad económica que no realizaron.

Arturo Fernández explicó que las acciones legales se emprenden por el perjuicio que supuso "la huelga salvaje" para la economía madrileña con la pérdida de 20 millones de euros al no recibir a cerca de 65.000 turistas. En su opinión, la "marca España" y la "marca Madrid" ha sufrido un gran deterioro por culpa de los controladores. "Los daños empresariales han sido importantes y ahora toca resarcir a los perjudicados", apostilló.

El sector de comercio asegura que ha perdido 14 millones por el conflicto, teniendo en cuenta que la media de compra se calcula en 215 euros por persona. De esa cantidad, el 39% corresponde al sector textil; el 28% a la joyería; el 12% a regalos; el 7% a calzado; el 3% a aparatos de comunicación y el 1% a peletería.

AENA renueva su flota de seguridad

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha adquirido 30 nuevos vehículos autoextintores por 18 millones mediante un acuerdo marco con cuatro años de vigencia. El expediente contempla la licitación para el suministro de 30 vehículos autoextintores de 10.000 litros de agua para varios aeropuertos de la red, 1.200 litros de espumógeno tipo AFFF y 250 kilos de polvo químico. Además, recoge también el equipamiento de salvamento aeroportuario para dichos vehículos.Con este acuerdo marco se pretende atender las necesidades de renovación de estos vehículos o nueva dotación en varios aeropuertos de la red de AENA en el periodo 2011-2014.Fuentes de la empresa propietaria de los aeropuertos aseguraron que este tipo de adquisición globalizada se pretende unificar los criterios de adquisición de estos vehículos, modernizar la flota de autoextintores, simplificar el mantenimiento y mantener una imagen homogénea en todos los 47 aeropuertos de la red pública española.

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