BAA respalda que el Gobierno multe a los aeropuertos por fallos en los servicios
El operador aeroportuario británico BAA, propiedad de Ferrovial, ha dado la bienvenida al proyecto del Gobierno de Reino Unido de considerar la posibilidad de imponer multas millonarias a los aeropuertos que perturben los viajes de los clientes, según informa la cadena Sky News.
El secretario (ministro) de Transportes británico, Philip Hammond, ha anunciado que dará a los reguladores del sector aéreo nuevas capacidades después de que el aeródromo de Londres-Heathrow, propiedad de Ferrovial a través de BAA, dejara en tierra a cientos de pasajeros la semana pasada a causa del temporal de nieve.
Hammond señaló, en declaraciones al diario The Sunday Times, que considera "inaceptable" que BAA, que gestiona los mayores aeropuertos británicos, no haya recibido ningún castigo por parte de la Autoridad de la Aviación Civil (CAA, por sus siglas en inglés) bajo el régimen actual. "Debería existir alguna multa por fallos en el servicio. Esto daría mayor peso al funcionamiento y a la satisfacción al pasajero", aseveró el responsable.
Un portavoz de BAA dio la bienvenida a cualquier legislación "diseñada para mejorar la experiencia del pasajero en los aeropuertos británicos", aseguró. "Por supuesto, formaremos parte de las conversaciones del Gobierno sobre la interrupción del servicio por la nieve y haremos públicos los hallazgos que encontremos a través de nuestra propia e independiente investigación", aclaró el portavoz.
El Ministerio de Transportes está considerando una nueva regulación aeroportuaria que les daría más poder a la hora de imponer castigos financieros en el caso de no cumplirse los estándares de servicio.
Bajo el sistema imperante en la actualidad, las multas deben ser impuestas por la CAA para fallos como excesivas colas de los pasajeros en los puestos de seguridad, y por cuestiones relacionadas con la limpieza de los aeropuertos.
La multa máxima sería del 7% de las tasas aeroportuarias, lo que supondría un tope de 63 millones de libras esterlinas (unos 74 millones de euros). Las penalizaciones previstas en la nueva ley serían mucho mayores, según Hammond.